AGENCIA
Campeche.- A pesar de que la ley obliga a los gobiernos estatales a transparentar el uso de los recursos públicos, la administración de Campeche, encabezada por la morenista Layda Sansores, mantiene ocultos desde hace cuatro años los resultados de la mayoría de las auditorías realizadas a sus dependencias, limitando el acceso de la ciudadanía a información que por mandato legal debe ser pública.
Una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, evidencia que numerosas dependencias estatales no han publicado informes de auditoría desde 2021, año en que Layda Sansores asumió la gubernatura, el 16 de septiembre. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica, así como las secretarías de Gobierno, Bienestar, Inclusión y Medio Ambiente.
En varios casos, la omisión es acompañada por prácticas que rayan en la simulación, ya que las dependencias remiten a ligas electrónicas inexistentes o sin contenido, imposibilitando cualquier revisión ciudadana. Un ejemplo es la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio y Energía, donde las supuestas auditorías aparecen marcadas como “NO APLICA” y dirigen a enlaces sin información.
La situación resulta aún más grave en la Fiscalía General del Estado de Campeche, que desde 2021 no cuenta con una sola auditoría consultable. Aunque en el sistema se abrieron apartados correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, ninguno contiene datos. Los registros de 2023, 2022 y 2021 simplemente despliegan páginas en blanco en todos los trimestres.
El mismo patrón se repite en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, dependencia que está bajo responsabilidad directa de la gobernadora. Desde el inicio de su administración, no se ha publicado ningún documento de auditoría. Este caso cobra relevancia política, ya que hasta enero del año pasado el titular fue Juan Pedro Alcudia Vázquez, cercano a Layda Sansores, quien posteriormente renunció para buscar un cargo judicial y hoy funge como magistrado presidente del Poder Judicial de Campeche.
Estas omisiones contravienen de manera directa la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 65 establece que todos los sujetos obligados, tanto federales como estatales, deben publicar y mantener actualizados los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal, así como las aclaraciones correspondientes.
La falta de información contrasta con los pocos informes disponibles en la PNT, principalmente de la Secretaría de Administración y Finanzas, que únicamente ha publicado auditorías del Ejercicio Fiscal 2023, concluidas hasta 2025. En la mayoría de estos documentos se afirma que no se detectaron irregularidades y que los recursos públicos se ejercieron de manera adecuada.
Sin embargo, esta versión oficial choca con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, que sí detectó irregularidades en el manejo de recursos federales en Campeche. En la revisión del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento correspondiente a 2023, la ASF determinó que de los 19 millones 796 mil pesos recibidos, el estado no pudo comprobar el uso de 8 millones 143 mil pesos, equivalente al 41.1% del total, señalando un probable daño al erario por incumplimientos en materia de obra pública.
Pese a ello, la Secretaría de la Contraloría de Campeche emitió una auditoría interna sobre el mismo programa en la que concluyó que no existieron irregularidades ni observaciones, evidenciando una discrepancia que refuerza las dudas sobre la veracidad y utilidad de las revisiones estatales.
La opacidad sistemática en el gobierno de Layda Sansores no solo incumple la ley, sino que debilita la rendición de cuentas y alimenta la desconfianza ciudadana. Ocultar auditorías, simular enlaces y mantener vacíos los registros oficiales constituye una práctica que va en sentido contrario al discurso de combate a la corrupción y transparencia que el propio gobierno estatal dice defender.
Pero esa plataforma la administra la “secretaria del buen gobierno y anticorrupción”. ¡Solo ellos pueden hacer y deshacer!
México es uno de los países con leyes que prohíben y castigan tales acciones. El problema es que no hay abogado ni instancia que haga aplicar la ley sobre todo esto, eso se llama corrupción. No existen políticos intocables, existe una red terrible de porquería política en este país, donde entre todos ellos se cubren sus porquerías y basuras, mientras la ciudadanía se ataca entre sí por defender a sus partidos.
