Proceso documenta seis adjudicaciones directas realizadas en 2024 a Inteliproof Efficient; el Departamento del Tesoro de EU incluyó a la empresa en su lista de sanciones
AGENCIAS
Ciudad de México.- El gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, otorgó en 2024 seis contratos por adjudicación directa a Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este 29 de septiembre de 2026 entre las compañías vinculadas por esa autoridad con una red de apoyo al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con una revisión realizada por Proceso en el portal gubernamental Compranet, los seis contratos fueron asignados por la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California y representaron un monto conjunto de 6 millones 80 mil 938 pesos, sin impuestos.
Los contratos correspondieron a la adquisición de equipo de cómputo, almacenamiento digital y accesorios; ropa de protección personal destinada a la Comisión Local de Búsqueda; así como refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
Inteliproof Efficient tiene entre sus socios a Jorge Enrique Figueroa Barrozo y Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Este último fue señalado directamente por el Departamento del Tesoro estadunidense en su reciente acción contra integrantes y empresas que, según Washington, forman parte de redes financieras y empresariales relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
En su comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que Moreno Gómez Santelices y otras personas fueron sancionadas por proporcionar, o intentar proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa. La misma autoridad incluyó a Inteliproof Efficient entre las empresas que, según sus señalamientos, eran propiedad, estaban bajo control o dirección de Moreno, o actuaban directa o indirectamente en su representación.
La medida estadunidense fue anunciada el 29 de septiembre de 2026 e incluyó a cerca de 50 personas y empresas. El Departamento del Tesoro señaló que las acciones forman parte de un operativo contra estructuras financieras y empresariales que, de acuerdo con sus investigaciones, permiten las operaciones del grupo criminal en Baja California.
Los contratos otorgados por el gobierno de Baja California fueron celebrados en 2024, es decir, antes de las sanciones anunciadas por Estados Unidos en septiembre de 2026. Por ello, la existencia de las adjudicaciones no implica por sí misma que la administración estatal conociera en ese momento los señalamientos que posteriormente formuló el gobierno estadunidense.
El caso coloca bajo escrutinio las contrataciones realizadas mediante adjudicación directa y plantea interrogantes sobre los procesos de revisión y verificación aplicados a los proveedores del gobierno estatal.
Hasta la información revisada, los señalamientos del Departamento del Tesoro corresponden a una acción administrativa de sanciones de Estados Unidos; cualquier responsabilidad penal deberá determinarse mediante los procedimientos y autoridades competentes.
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