De la redacción

El Buen Tono

Puebla, Pue.- El Gobierno de Puebla desembolsó 115.7 millones de pesos para adquirir un helicóptero Leonardo AW109 GrandNew, modelo 2020, mediante adjudicación directa, una operación que pone sobre la mesa el costo de la aeronave, la transparencia del procedimiento y los resultados que deberá ofrecer a cambio de la inversión pública.

La unidad fue presentada este lunes 19 de octubre de 2026 en el hangar estatal ubicado en la zona de los estadios. Sin embargo, pese al monto pagado, todavía debe concluir las pruebas y obtener las autorizaciones correspondientes antes de comenzar a operar.

La compra se realizó el 1 de julio de 2026 por 6 millones 256 mil 403 dólares, equivalentes a 115.7 millones de pesos, según informó José Luis García Parra, coordinador de Gabinete.

La adquisición mediante adjudicación directa también plantea interrogantes sobre las condiciones que justificaron elegir este procedimiento, las alternativas que se evaluaron y los criterios utilizados para determinar que la compra era la opción más conveniente para el estado.

Justifican compra con el costo del arrendamiento

Como argumento a favor de la operación, García Parra señaló que durante el año pasado el arrendamiento de un helicóptero para atender incendios forestales representó un gasto de 7 millones de pesos mensuales.

No obstante, comparar el costo del arrendamiento con el precio de compra no permite conocer por sí solo el ahorro real. Para determinar si la adquisición fue financieramente conveniente, también deben considerarse los gastos de mantenimiento, combustible, refacciones, seguros, personal y operación.

Además, resulta relevante conocer cuánto tiempo se necesitará para recuperar la inversión y qué costos adicionales deberá asumir el presupuesto estatal durante la vida útil de la aeronave.

Costosa aeronave para múltiples tareas

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que el helicóptero será utilizado en labores de vigilancia aérea, supervisión de carreteras, seguridad pública, búsqueda, combate a incendios forestales y atención de emergencias médicas.

Aunque estas funciones pueden ampliar la capacidad de respuesta de las autoridades, la adquisición por sí misma no garantiza una reducción de los delitos, una mayor seguridad en las carreteras ni una atención más rápida de las emergencias.

Para justificar el gasto, el gobierno estatal deberá demostrar con resultados verificables cuántas operaciones realiza la aeronave, qué regiones atiende, cuánto cuesta cada servicio y qué beneficios concretos obtiene la población.

El gasto deberá reflejarse en resultados

La administración de Alejandro Armenta informó que cuenta con pilotos certificados para operar la unidad, cuya incorporación al servicio dependerá de la conclusión de las pruebas y de las autorizaciones correspondientes.

Entre las características técnicas dadas a conocer se encuentra una altitud máxima de operación de 6 mil 96 metros sobre el nivel del mar, aunque su desempeño efectivo dependerá de las condiciones de cada misión.

El punto central no es únicamente que Puebla tenga un helicóptero propio, sino que el gasto de 115.7 millones de pesos esté respaldado por un procedimiento transparente, costos de operación claramente identificados y resultados que puedan ser evaluados por la ciudadanía.

Mientras la aeronave permanece a la espera de completar los requisitos para entrar en servicio, la inversión ya representa un compromiso importante de recursos públicos. La responsabilidad del gobierno será acreditar que el dinero destinado a esta compra se traduce en beneficios reales para los habitantes de Puebla.