México.- El incremento en las cifras de personas desaparecidas y la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), en Sinaloa, es la muestra de que el Gobierno se encuentra rebasado para la atención a las víctimas, aseguró Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (CDDHS).
“El cúmulo de casos que tenemos en Sinaloa demuestra que la autoridad estatal está totalmente rebasada, no tiene la capacidad en la estructura, en el personal, ni laboratorio ni recursos”, dijo Aguirre Meza.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hasta el 30 de abril de 2015 se habían registrado mil 552 casos, 137 corresponden sólo en este año, promediando al menos uno por día.
Ante ello, inició la movilización y demanda de grupos de familiares de personas desaparecidas como “Las Rastreadoras del Fuerte” y “Voces Unidas”, ante el Gobierno del Estado, que les prometió el 8 de enero de 2015 la creación de mecanismos para la búsqueda de personas.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, reveló junto al Gabinete de Seguridad documentos donde mostró que se hizo la compra de perros que servirían para el rastreo de personas, además de la creación de dos agencias especializadas y prometió a los familiares de las víctimas que construiría un laboratorio de genética forense.
Además, estableció como acuerdo tener una reunión semanal para mostrar avances, pero éstas se suspendieron y por lo tanto los resultados han sido casi nulos, sólo cuatro personas fueron encontradas muertas y reconocidas a través de exahustivos exámenes, sobre todo de ADN.
Familiares y grupos de activistas comenzaron con una serie de manifestaciones ante la falta de resultados por parte del Gobierno estatal y presentaron denuncias ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República, quienes iniciaron la apertura de al menos 100 expedientes para hacer una búsqueda independiente de la Procuraduría local.
El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, estableció que las acciones de la PGR muestran que existe una descoordinación entre procuradurías y, al mismo tiempo, evidencia que las autoridades locales no tienen la capacidad para atender los casos del estado, por lo que es necesario iniciar a hacer modificaciones en el Código Penal de Sinaloa y el Código Penal Federal.
Esta modificación, dijo, tendrá que dejar el delito de desaparición como uno de orden general, que garantice que tiene que ser perseguido de inmediato, y se asegure que las búsquedas sean enfocadas sobre todo para encontrar a todas las personas con vida.
