AGENCIAS
México.- El Gobierno de México prevé destinar alrededor de 1.6 billones de pesos al costo financiero de la deuda pública en 2027, una cantidad superior a los recursos proyectados para el sector salud, cuyo presupuesto rondaría los 1.14 billones de pesos, de acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La diferencia sería de aproximadamente 460 mil millones de pesos. En otras palabras, el costo financiero de la deuda superaría en cerca de 40 por ciento el gasto público previsto para salud, de acuerdo con las cifras del proyecto presupuestario.
El costo financiero comprende intereses y otros conceptos asociados al servicio de la deuda pública. El monto proyectado equivaldría a cerca de 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto en salud representaría alrededor de 2.9 por ciento.
La comparación pone sobre la mesa la presión que ejercen las obligaciones financieras sobre las finanzas públicas y el margen disponible para atender necesidades como medicamentos, personal médico, hospitales, infraestructura y servicios de prevención.
Sin embargo, las cifras no significan que los recursos destinados al pago de la deuda puedan transferirse automáticamente al sector salud, pues corresponden a obligaciones presupuestarias distintas.
La propuesta económica también contempla un incremento de 11.3 por ciento en el presupuesto de salud respecto de 2026, según la información citada por la Secretaría de Hacienda. Aun así, el monto proyectado para el costo financiero de la deuda se mantendría por encima del gasto sanitario.
Las cifras corresponden al proyecto presupuestario para 2027, por lo que deberán distinguirse de los montos que finalmente apruebe el Congreso y del gasto que efectivamente se ejerza durante ese año.
El CIEP también estima que la deuda pública, medida mediante el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, alcanzaría alrededor de 55 por ciento del PIB en 2027. El panorama coloca en el centro del debate la forma en que el país distribuirá sus recursos entre compromisos financieros y servicios esenciales para la población.
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