De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Líderes de opinión y representantes de asociaciones civiles denunciaron el descarado conflicto de intereses en el que incurre el alcalde Manuel Alonso Cerezo, al utilizar recursos públicos para beneficiar directamente a su empresa, Trabal, mediante el mantenimiento de vehículos oficiales.
Osman Hernández Ángel, presidente de la Asociación Civil Benito Juárez, sostuvo que el edil no puede ser juez y parte en las decisiones administrativas. Señaló que la empresa ubicada en Amatlán de los Reyes —de la cual Alonso es socio— recibe pagos del erario municipal, por lo que exigió que el ayuntamiento informe con precisión los montos destinados al traslado en grúas y la reparación de las unidades en dicho taller privado.
En el mismo sentido, Valdemir Ferreira Miguel, presidente de la Unión de Iglesias Evangélicas, señaló que es éticamente imposible servir a dos intereses al mismo tiempo. Advirtió que al convertir al gobierno en cliente de su propia estructura empresarial, el alcalde privilegia el lucro personal sobre la transparencia que exige su cargo.
La exigencia ciudadana es clara: se requiere una revisión inmediata de los contratos de mantenimiento, pues el uso de la posición pública para capitalizar negocios privados representa una violación directa a las leyes de responsabilidades administrativas.
