Agencias
México.- Pese a que enfrenta resoluciones judiciales adversas por adeudos fiscales acumulados desde 2008, Grupo Salinas difundió un posicionamiento en el que asegura tener “voluntad de diálogo” con el gobierno federal, pero condiciona cualquier definición sobre el pago a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregue en enero un desglose detallado del monto que reclama, estimado oficialmente en 31 mil millones de pesos.
En respuesta a declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, el corporativo sostuvo que busca “poner fin a este episodio” y negó una actitud de confrontación, al tiempo que defendió su actuación fiscal y reclamó “certeza jurídica, legalidad y reglas claras” para resolver el conflicto.
La empresa afirmó que su disposición para cumplir con sus obligaciones fiscales es “incuestionable” y señaló que, durante el periodo en el que se desarrolló la controversia, ha aportado más de 285 mil millones de pesos al erario. Sin embargo, acotó que el diferendo se centra en el tratamiento de pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, las cuales ya fueron consideradas improcedentes por instancias judiciales.
El punto de mayor desacuerdo, según el grupo empresarial, radica en los recargos y actualizaciones, al argumentar que una parte relevante de esos montos deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad fiscal, así como de los tiempos prolongados del sistema judicial. Bajo ese argumento, Grupo Salinas consideró “prudente” esperar a que el SAT formalice por escrito el cálculo del adeudo y entregue un desglose “claro y transparente”.
No obstante, el posicionamiento ha generado críticas, ya que el grupo empresarial —señalado como evasor fiscal por el propio SAT— pretende imponer condiciones y plazos adicionales, aun cuando los litigios han llegado a su última instancia. Para especialistas, esta postura refleja una práctica recurrente de grandes corporativos que, pese a fallos en su contra, buscan extender negociaciones y reducir el impacto financiero de adeudos multimillonarios.
El caso se mantiene como uno de los ejemplos más visibles del debate sobre la aplicación desigual de la ley fiscal, en un contexto donde el gobierno federal ha insistido en la necesidad de justicia tributaria, mientras millones de contribuyentes enfrentan cobros inmediatos sin posibilidad de negociación.
Todavia que es evasor fiscal, quiere imponer sus condiciones, cuando evadir impuestos es un delito.
