De la redacción
El Buen Tono
El reciente llamado del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco volvió a colocar en el centro del debate el caso del rancho Izaguirre, un inmueble localizado desde hace al menos 10 meses sin que, hasta ahora, se reporten avances sustanciales en la investigación oficial.
De acuerdo con la agrupación, el sitio operaba como un espacio de exterminio, versión que contrasta con la postura de las autoridades, quienes han sostenido que en el lugar no se registraron asesinatos y que únicamente funcionaba como un centro de entrenamiento del crimen organizado.
Las buscadoras afirman que en el rancho se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas privación ilegal de la libertad, trata de personas y asesinatos, además de otros actos inhumanos que prefirieron no detallar por respeto a las víctimas y a sus familias. En el lugar, recuerdan, se localizaron cientos de pares de zapatos, indicio que refuerza la hipótesis de que numerosas personas habrían pasado por el sitio.
Desde el hallazgo del recinto, el colectivo ha denunciado que las personas retenidas eran sometidas a tratos crueles, asesinadas y posteriormente desaparecidas, sin que sus cuerpos fueran entregados o localizados.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, Guerreros Buscadores de Jalisco también expuso presuntas filtraciones de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado, lo que, advierten, podría derivar en la liberación de personas detenidas en relación con el caso.
Asimismo, señalaron que existen testigos clave que no han rendido declaración debido a que, aseguran, fueron ignorados por las propias autoridades. Dichos testigos, indicaron, cuentan con información sensible sobre lo ocurrido en el rancho, pero ante la falta de garantías optaron por huir a Estados Unidos, donde ahora existe la posibilidad de que aporten pruebas sobre estos hechos ante instancias extranjeras.
