México, D.F.- Un nuevo capítulo se contempla en el caso de los 42 normalistas desaparecidos. Como si fuera una película de terror, se plantea la hipótesis de que pudieron haber sido quemados en hornos del Ejército Mexicano.
El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Felipe de la Cruz, dio a conocer que los padres de familia continuarán en exigencia de que se abran los cuarteles del Ejército para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, ya que ellos pueden decir “con mucha seguridad que fueron los policías y los militares los que intervinieron en estos hechos”.
Este domingo, el diario La Jornada publicó la nueva hipótesis en la que trabajan los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, la cual plantea que probablemente los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habrían sido llevados a crematorios del Ejército y
privados.
“La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)”, dijo el doctor Jorge Antonio Montemayor a la periodista Sanjuana Martínez.
Se trata de los mismos investigadores que el pasado 10 de diciembre desmontaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que aseguraba que los estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en un basurero del municipio de Cocula. Por ahora, están realizando una búsqueda de información sobre la actividad de los crematorios militares a través no sólo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“¿Cuál es el problema para que nos permita revisar la bitácora de uso de sus crematorios y los recibos correspondientes de consumo de gas del año reciente para observar de forma transparente si hubo un incremento en el gasto”, dijo Antonio Montemayor.
Y agregó que “aunque el Ejército no proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda”.
Mientras tanto, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero negó que haya diálogo con el Gobierno estatal para la liberación de las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) “clausuradas” por el magisterio y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en el estado.
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