AGENCIA
Nacional.- México amaneció este domingo en medio de una fuerte preocupación social tras la presunta filtración masiva de información gubernamental atribuida al colectivo hacker Chronus, que habría expuesto alrededor de 2.3 terabytes de datos sensibles pertenecientes a diversas instituciones federales. El caso rápidamente escaló en redes sociales y se convirtió en tendencia nacional, entre muestras de indignación, desinformación y exigencias de respuestas oficiales.
De acuerdo con versiones que comenzaron a circular desde el 1 de febrero, Chronus habría difundido enlaces torrent con información obtenida de al menos 25 dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Hacienda, el IMSS, ISSSTE, el Registro Civil y el INE. Los archivos contendrían datos personales como nombres completos, domicilios, CURP, RFC, historiales médicos parciales y posibles vínculos con información bancaria, lo que abre la puerta a riesgos de fraude de identidad, extorsión y otros delitos.
Especialistas en ciberseguridad han advertido que, de confirmarse la magnitud de la filtración, se trataría de uno de los incidentes más graves en materia de protección de datos en el país, superando eventos previos. Señalan que la sola circulación de esta información representa un riesgo real para millones de personas, independientemente de que los sistemas institucionales sigan operando.
Ante la polémica, la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitieron un posicionamiento en el que aseguraron que los sistemas críticos del gobierno continúan funcionando y que no existe evidencia de un riesgo inmediato para la población. No obstante, organizaciones defensoras de derechos digitales han exigido auditorías externas, transparencia en la investigación y medidas urgentes para proteger a los ciudadanos potencialmente afectados.
En redes sociales, plataformas como X y TikTok se inundaron de reacciones, desde memes y teorías hasta mensajes de enojo y preocupación por la seguridad de la información personal. Usuarios cuestionan quién asumirá la responsabilidad en caso de robo de identidad y exigen mecanismos de apoyo, como alertas crediticias y monitoreo gratuito para posibles víctimas.
El caso ocurre en un contexto de crecientes críticas a la centralización y digitalización de trámites gubernamentales. Colectivos civiles ya analizan la presentación de demandas colectivas por presuntas violaciones masivas a la privacidad, mientras sectores políticos advierten sobre posibles usos indebidos de la información filtrada.
A la espera de confirmaciones oficiales y resultados de las investigaciones, el episodio ha encendido una alerta nacional sobre la seguridad digital del Estado y la protección de los datos personales. La exigencia ciudadana es clara: Respuestas contundentes, acciones inmediatas y garantías reales para evitar que un incidente de esta magnitud vuelva a repetirse.
