AGENCIA
Ciudad de México.- Autoridades capitalinas iniciaron el programa de exhumaciones controladas en el Panteón de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde permanecieron por más de dos décadas cerca de 10 mil cuerpos sin identificar o sin reclamo familiar. Este operativo, considerado el más grande de México y Latinoamérica, comenzó con la apertura de la fosa común 26, nivel 15, correspondiente a inhumaciones realizadas entre 2013 y 2015.
Durante el arranque del Plan de Recuperaciones Controladas participaron autoridades forenses, madres buscadoras, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial local y la Comisión de Búsqueda, quienes encabezaron un evento protocolario para supervisar los trabajos.
El inicio de este plan marca el primer paso para recuperar, identificar y restituir la identidad de miles de personas enterradas en fosas comunes desde hace 20 años. De acuerdo con las autoridades, este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para ordenar los registros forenses, agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y cerrar la brecha histórica en el tratamiento de cuerpos no identificados en la capital.
El titular del Instituto de Ciencias Forenses, Arturo Gerardo Cervantes, explicó que, una vez recuperados los restos, comenzará un proceso de identificación destinado a integrar un archivo básico forense. Para ello se conformó un equipo multidisciplinario de arqueología, antropología, criminalística, odontología, genética y fotografía.
Cervantes informó que, del total de cuerpos, 6 mil 618 cuentan ya con hipótesis de identificación. La información se integrará en un sistema de gestión forense para acelerar la comparación de datos. Además, se realizará un intercambio de huellas con el INE para reforzar el proceso genético.
Mientras avanza la construcción del Centro de Resguardo y Tratamiento, los restos permanecerán temporalmente en el Incifo y en la Fiscalía capitalina. La FGJCDMX reportó hasta ahora la identificación de 385 personas fallecidas y la localización de 73 familias.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, afirmó que el objetivo es devolver identidad y dignidad a quienes fueron enterrados sin datos: “Esto permitirá devolver a sus familias a quienes fueron inhumados sin nombre. A las familias les decimos: No están solas. Seguiremos avanzando nivel por nivel y fosa por fosa”. Señaló además que los trabajos se realizan con rigor técnico y acompañamiento de colectivos de búsqueda.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, sostuvo que este proceso representa un acto de justicia restaurativa y recordó que el Poder Judicial firmó convenios para reforzar la coordinación en materia forense, como parte del Plan Nacional de Exhumaciones derivado de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas promulgada en 2025.
El director del Incifo reiteró que se trata del proyecto de identificación más grande del país, con registros acumulados durante dos décadas y un promedio de 500 cuerpos enviados cada año a fosas comunes. Madres buscadoras presentes en el arranque consideraron que este proceso abre una posibilidad real para localizar a sus familiares y exigieron claridad y continuidad en los trabajos.
