DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
México.- Ricardo Aldana Prieto, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), principal gremio de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrenta polémica por conflictos de interés y contratos millonarios vinculados a empresas de sus hijos.
Como líder del STPRM, dirige las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo con Pemex, representa a miles de sindicalizados y encabeza la agenda laboral del sector petrolero; fue reelecto para el periodo 2025–2030 a pesar de críticas públicas.
Está registrado en Nómina Transparente como empleado de Pemex, percibiendo dos salarios por cargos vinculados a logística petrolera que suman aproximadamente 116,526 pesos mensuales, lo que, junto con otros beneficios, ha generado cuestionamientos sobre la acumulación de sueldos en funciones que podrían solaparse entre sindicato y empresa pública. Investigaciones revelaron que sus hijos, Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón, han obtenido adjudicaciones directas por miles de millones mediante empresas familiares, entre ellas Gas Azul de Nogales S.A. de C.V., dedicada al comercio y transporte de hidrocarburos y proveedora de diésel a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras dependencias; Estrategias Energéticas y de Distribución SAPI, donde los hermanos son apoderados y participan en acuerdos con Gas Azul, compartiendo domicilio fiscal en Aristóteles 81, Col. Polanco, Ciudad de México; y GMR Energéticos, que compite en licitaciones ante el IMSS con filiales de los Aldana, sugiriendo simulación de competencia interna.
De noviembre de 2023 a septiembre de 2024, Gas Azul obtuvo 42 contratos directos con la Sedena por al menos 1,557 millones de pesos, y otros 10 contratos con instituciones públicas, incluido el IMSS, suman 56 millones más, alcanzando ventas de diésel por aproximadamente 1,614 millones; además, estructuras familiares recibieron 544.5 millones directamente del STPRM para obras e infraestructura sindical mediante compañías con representantes legales y estructuras compartidas.
Expertos señalan que compartir domicilios fiscales, apoderados legales y correos electrónicos podría ocultar conflictos de interés.
