AGENCIAS
POZA RICA.- Un presunto comunicado acusa a ocho mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz de facilitar la expansión del violento Grupo Sombra y de estar vinculados con los asesinatos de la maestra Irma Hernández y el periodista Carlos Castro.
El Grupo Sombra, también conocido como “Mafia Veracruzana”, es una organización criminal que surgió como un brazo sicarial del Cártel del Golfo y que, tras fragmentarse, se ha especializado en la extorsión sistemática. Su modus operandi es particularmente cruel: graban a sus víctimas, como el conocido caso de la maestra Irma Hernández, para infundir terror y asegurar el pago del “derecho de piso”.
Su influencia no se limita a las calles. El grupo también opera dentro de los centros penitenciarios, donde cobra cuotas a reclusos y sus familias, un control que desencadenó un motín mortal en el penal de Tuxpan en agosto de 2025. Su presencia es fuerte en municipios del norte de Veracruz como Poza Rica, Tuxpan y Coatzintla.
Los dos crímenes que conmovieron al estado
Las acusaciones vinculan a los mandos policiales con dos homicidios de alto impacto:
Irma Hernández Cruz (julio de 2025): La maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Álamo Temapache fue secuestrada el 18 de julio. Sus captores la obligaron a grabar un video pidiendo a otros taxistas que pagaran la extorsión. Seis días después fue hallada muerta. El caso generó una amplia conmoción al darse a conocer que la víctima fue “violentada” antes de fallecer. Expertos señalaron que este crimen exhibió la lucha entre el CJNG y el Grupo Sombra por el control de las redes de extorsión en el norte de Veracruz.
Carlos Castro (8 de enero de 2026): El periodista de 26 años, director del portal Código Norte Veracruz, fue asesinado a balazos dentro de un restaurante familiar en Poza Rica. Castro, quien cubría temas de seguridad, había denunciado amenazas previamente y contaba con medidas de protección de la CEAPP, las cuales, según compañeros, le fueron retiradas meses antes del crimen. Su asesinato elevó a 31 el número de periodistas asesinados en Veracruz entre 2005 y 2024.
Los mandos acusados y sus antecedentes
La denuncia lista a ocho funcionarios, algunos con historiales previamente documentados de irregularidades:
Carlos Alberto Mendoza González (“Lobo”), Subdirector operativo. Investigado en mayo de 2024 por tortura y abuso de autoridad tras difundirse videos donde asfixiaba a un joven. Sus propios compañeros lo han implicado en protección a grupos delictivos, huachicol y desapariciones.
Carina Castilla (“Beretta”), por confirmar. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
José Salvador García Hernández (“Fénix”), Jefe de operaciones. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
Miguel Ángel Ortega Cruz (“Aventurero”), Atención ciudadana. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
Agustín Ortega Calderón, por confirmar. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
Sergio Isidro Carmona García (“Traka”), Delegado en Ciudad Mendoza. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
Irving Enrique Cueto Meza (“Shagui”), Subdirector zona sur. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
Antonio Mesinas Baltazar (“Mesinas”), Comandante en Tres Valles. Sin antecedentes públicos destacados encontrados.
El patrón de colusión
La acusación de que mandos policiales brindan apoyo a grupos delictivos no es nueva en el contexto veracruzano. En julio de 2023, el Grupo Sombra atacó las instalaciones de la SSP en Poza Rica. Durante esos hechos, se reportó que los manifestantes gritaban consignas como “Fuera mandos corruptos” y que entre ellos se mezclaron miembros del crimen organizado.
Este incidente histórico ilustra la tensa y a veces opaca relación entre la institución y el grupo criminal al que ahora se acusa de tener aliados dentro de la misma SSP.
Hasta la fecha, no hay un pronunciamiento público por parte de la SSP estatal específicamente sobre esta denuncia. Se ha confirmado investigaciones previas por hechos de violencia, como un ataque a policías en marzo de 2025.
La Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia que, en teoría, debería investigar los señalamientos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, la efectividad de estas investigaciones está en entredicho ante la grave naturaleza de las acusaciones.
Conclusión: una denuncia que exige claridad
La gravedad de las acusaciones, que conectan a mandos policiales con un grupo criminal responsable de extorsión y homicidios brutales, como con el asesinato de un periodista.
La sociedad veracruzana espera que estos señalamientos no se sumen a la larga lista de casos oscuros en un estado marcado por la violencia y la colusión.
