De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Taxistas que piden el anonimato por temor a represalias denunciaron hostigamiento por parte de la Policía Vial en las inmediaciones de Plaza Valle, donde -aseguraron- se les impide permanecer en la vía pública para levantar pasaje, mientras se favorece a un grupo de unidades que operan al interior del centro comercial y que, según los trabajadores del volante, pagan una cuota para permanecer en ese punto.
De acuerdo con los inconformes, los operativos se mantienen prácticamente las 24 horas del día, con el objetivo de retirar a los conductores que esperan pasaje en el exterior. Esta situación, afirmaron, ha generado un esquema desigual que termina afectando tanto a los taxistas como a los usuarios.
Señalan que las unidades que operan dentro del área de la plaza han incrementado hasta 50 por ciento sus tarifas sin que exista intervención de autoridad alguna. Aseguran que el aumento responde a los pagos adicionales que ahora deben cubrir, entre ellos, cuotas a elementos de la Policía Vial, además de otros cobros internos.
Incluso, denunciaron que ya se les advirtió que, tras la ampliación del centro comercial, las tarifas deberán incrementarse aún más para compensar los pagos que se exigen para mantener el sitio de ascenso de pasajeros.
Este escenario abre cuestionamientos sobre las facultades de la Policía Vial para intervenir en la operación del servicio de taxis.
La regulación principal del transporte público en la modalidad de taxi (incluyendo concesiones, rutas y sitios autorizados) corresponde a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz (DGTE), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La normativa establece que es esta instancia la encargada de otorgar concesiones, autorizar sitios y supervisar la prestación del servicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 11 y 14 de la legislación correspondiente. Por ello, si la Policía Vial estuviera imponiendo reglas específicas sobre los sitios de taxis sin coordinación con dicha dependencia, es una invasión de competencias administrativas.
Ante esta situación, los afectados pidieron la intervención de las autoridades estatales para esclarecer quién regula realmente los sitios de taxi en la zona y evitar que el servicio público se convierta en un espacio de presiones, cuotas y decisiones discrecionales que terminan afectando directamente al bolsillo de los ciudadanos.
