De la redacción
El Buen Tono
Mientras gran parte de la atención pública se mantiene enfocada en el combate al crimen organizado, otro mercado ilegal continúa generando pérdidas multimillonarias para México: el robo y contrabando de combustibles, conocido como huachicol.
De acuerdo con estimaciones citadas, el país habría perdido alrededor de 740 mil millones de pesos desde 2019 debido al robo de hidrocarburos y al contrabando de combustibles, una cifra que refleja la magnitud de un problema que sigue afectando las finanzas públicas.
Reportes atribuidos al ex subsecretario de Energía, Francisco Barnés, señalan que durante los primeros tres meses de 2026 desaparecieron diariamente cerca de 100 mil barriles de petróleo de los inventarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que equivale a uno de cada 16 barriles que circulan en el país.
La dimensión de estas pérdidas ha comenzado a generar preocupación fuera de México. El pasado 14 de mayo, legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos impulsaron la llamada Stop Fueling Violence Act, una iniciativa que busca obligar al Departamento de Defensa estadounidense a informar al Congreso sobre las acciones emprendidas para combatir el contrabando de hidrocarburos.
Especialistas consideran que el problema ha dejado de ser un asunto exclusivamente nacional debido al impacto económico y a las redes ilegales que operan alrededor de este mercado. Además, advierten que el llamado huachicol fiscal ha ganado relevancia en los últimos años, aprovechando vacíos regulatorios y mecanismos de importación de combustibles.
Mientras tanto, el debate continúa sobre la efectividad de las estrategias implementadas para combatir este fenómeno y sobre la capacidad de México para responder a las crecientes exigencias de Washington sin comprometer su soberanía en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y el combate a los mercados ilícitos.
El avance de este problema mantiene abiertas diversas interrogantes sobre el futuro de la industria energética nacional y sobre el impacto económico que el robo de combustibles sigue representando para el país.
