AGENCIA
Nacional.- El nombramiento del abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado tanto entusiasmo como inquietud. Su ascenso ha sido comparado con el histórico legado de Benito Juárez, pero también ha revivido fuertes cuestionamientos por su papel en los polémicos megaproyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
Aguilar Ortiz, hasta hace poco desconocido fuera de los círculos de política indígena y derecho constitucional, coordinó las consultas a comunidades indígenas para avalar ambos megaproyectos. Sin embargo, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunciaron que dichos procesos violaron estándares internacionales.
Consultas sin información,
sin consentimiento
En el caso del Tren Maya, la ONU-DH observó que las consultas no ofrecieron información clara sobre los impactos negativos del proyecto, omitiendo estudios de impacto ambiental. Las reuniones solo destacaban los supuestos beneficios económicos y de infraestructura. Además, las decisiones sobre cuándo, cómo y a quién consultar fueron tomadas unilateralmente por las autoridades, sin considerar las metodologías de participación indígena.
Lo mismo ocurrió con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde comunidades nahuas y popolucas denunciaron procesos de consulta simulados. “Invitaron solo a algunas autoridades, sin informar previamente a sus comunidades”, advirtieron en actas de asamblea. Más de 125 organizaciones respaldaron la denuncia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Este megaproyecto también ha estado marcado por la violencia contra opositores. En 2021, Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de San Juan Guichicovi y miembro de la Ucizoni, fue asesinado. Su compañera, Juana Inés Ramírez Villegas, junto con 23 defensores más, enfrenta procesos judiciales abiertos, en lo que organizaciones califican como una criminalización de la resistencia.
En septiembre de 2024, la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec documentó múltiples agresiones a comunidades y defensores ambientales entre 2021 y 2024, todas vinculadas a las obras del Corredor.
El escándalo del chat “Sierra XXX”
y la muerte de una denunciante
La trayectoria de Aguilar también está marcada por un escándalo de violencia de género e impunidad institucional. En 2020, el funcionario Rolando Vásquez Pérez, adscrito al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), fue denunciado por participar en un grupo de WhatsApp titulado “Sierra XXX”, donde se compartían fotos íntimas de mujeres indígenas sin su consentimiento. La denunciante, la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez, fue quien sacó a la luz el caso.
En aquel momento, el INPI, dirigido por Adelfo Regino, se deslindó del tema, calificándolo como “personal”. No obstante, la propia Sandra denunció que el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, intentó comprar su silencio con un cheque en blanco, una acusación pública hecha por el abogado oaxaqueño Joaquín Galván.
En octubre de 2024, Sandra y su esposo desaparecieron en Oaxaca. Seis meses después, en abril de 2025, sus cuerpos fueron hallados sin vida en Veracruz. Hasta hoy, las autoridades no han esclarecido su asesinato.
La sombra de la impunidad
Pese a las denuncias, Aguilar Ortiz ha contado con el respaldo de figuras clave del actual sistema judicial y del ámbito político vinculado a Morena. Su cercanía con Adelfo Regino, quien llegó a ser titular del INPI y hoy presume su apoyo al abogado mixteco, ha sido ampliamente documentada en redes.
“Son ciudadanos, como cualquier otro, tienen sus grupos de WhatsApp”, dijo Regino en 2020, minimizando el caso del chat Sierra XXX.
Ahora, a un paso de presidir la Corte, la figura de Aguilar Ortiz encarna tanto el avance de los pueblos originarios en las altas esferas del poder, como las contradicciones profundas de un Estado que predica derechos pero calla ante la represión, la violencia y la simulación.
¿Símbolo de inclusión o
continuidad del autoritarismo?
El ascenso de un abogado indígena a la presidencia de la SCJN podría ser un símbolo de inclusión histórica. Pero los señalamientos en su contra obligan a preguntarse si esta nueva etapa para el Poder Judicial marcará una defensa genuina de los derechos humanos, o será una extensión judicial del proyecto político que lo impulsó.
A la espera de su toma de protesta, organizaciones sociales y colectivos indígenas exigen que Hugo Aguilar aclare su rol en las violaciones documentadas y se comprometa, esta vez sí, con una justicia para todos.
Antes, para llegar a la SCJN se exigía trayectoria, formación académica, años de experiencia y compromiso con la Constitución. Hoy, basta con tener la cercanía política conveniente.
Hugo Aguilar Ortiz no tiene experiencia como juez ni como ministro y tampoco parece saber de leyes. Declaró que no usaría la toga, sin conocer que hay un decreto de 1941 que establece el uso de la toga; replicó que presentaría una iniciativa, ¡los ministros no las pueden promover!
