AGENCIA
Denver, Estados Unidos.- El actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos aeropuertos estadounidenses ha generado fuertes cuestionamientos por el uso de información de los pasajeros para localizar y detener a personas con asuntos migratorios pendientes, incluso en casos donde no existen antecedentes criminales ni órdenes definitivas de deportación.
Uno de los casos que ha generado mayor preocupación es el de Chantal Alejandra Morales Rojas, quien fue detenida el pasado 20 de julio en el Aeropuerto Internacional de Denver cuando estaba a punto de abordar un vuelo. Agentes vestidos de civil la interceptaron dentro del puente de acceso al avión, impidieron que una abogada revisara la supuesta orden judicial y posteriormente la sacaron por una escalera externa hacia una camioneta estacionada en la pista.
La detención habría sido preparada con anticipación, ya que ICE conocía el nombre de Morales, su vuelo, la puerta de embarque y la hora de salida. La mujer permaneció detenida durante 10 días, hasta que recuperó su libertad después de que un juez migratorio fijara una fianza de 3 mil dólares.
El caso ha puesto bajo la lupa una práctica cada vez más cuestionada: el uso de información proporcionada por los viajeros para identificar y localizar a personas con asuntos migratorios pendientes. Un acuerdo establecido en mayo de 2025 permite el intercambio de información entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) e ICE, mientras que buena parte de los detalles del convenio permanecen reservados.
La controversia aumenta porque esa información es entregada por los pasajeros para poder viajar y cumplir con los controles de seguridad, no necesariamente para convertirse en una herramienta de vigilancia migratoria. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han cuestionado que ICE aproveche estos datos para realizar detenciones en zonas restringidas de los aeropuertos.
Los casos documentados también ponen en duda el argumento de que la administración de Donald Trump concentra sus esfuerzos en personas con antecedentes criminales. Un análisis de 64 arrestos aeroportuarios registrados durante 2025 encontró que 36 por ciento de los detenidos tenía algún antecedente penal.
En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, organizaciones defensoras de los migrantes documentaron casos de personas detenidas pese a no contar con antecedentes criminales ni órdenes finales de deportación. Entre los casos había viajeros con visas vencidas, permisos de trabajo, periodos de estancia autorizada y solicitudes migratorias pendientes.
Otro caso ocurrió en Texas, donde los pastores mexicanos Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero fueron detenidos cuando viajaban a un retiro religioso. La pareja denunció presiones para firmar una salida voluntaria y aseguró que los agentes incluso hablaron de separarlos de sus hijos y entre ellos. Ambos fueron liberados posteriormente, aunque quedaron sujetos a obligaciones de supervisión migratoria.
También se reportó el caso de Iryna Gorb, una ciudadana ucraniana detenida por agentes vestidos de civil después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Su abogada sostuvo que la mujer carecía de una orden final de deportación y que permanecía bajo custodia de ICE.
El problema trasciende la cuestión migratoria y plantea interrogantes sobre privacidad, debido proceso y los límites que deben existir en el uso de información personal de los viajeros.
Los aeropuertos deberían ser espacios destinados al tránsito y la seguridad de los pasajeros, no lugares donde las personas puedan ser vigiladas y detenidas de manera sorpresiva mediante información obtenida durante los procesos de viaje.
La aplicación de las leyes migratorias no debería convertirse en una justificación para vulnerar derechos. Si existen irregularidades migratorias, estas deben atenderse mediante procedimientos legales, transparentes y con pleno respeto al debido proceso. Convertir los aeropuertos en puntos estratégicos de detención puede generar miedo, desconfianza y preocupación sobre el uso que las autoridades estadounidenses están dando a los datos personales de millones de viajeros.
