AGENCIA
EEUU.- La imagen es brutal y simbólica. Un niño de cinco años, con una mochila de Spiderman colgada al hombro, es conducido por un agente migratorio que lo sujeta mientras camina aterrado frente a su casa. Su nombre es Liam Conejo Ramos. No es un criminal. No es una amenaza. Es un menor de edad, hijo de un solicitante de asilo. Aun así, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de una operación que resume el endurecimiento extremo y la deshumanización de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
El arresto ocurrió esta semana en un suburbio de Minneapolis, en medio de un operativo federal que ha convertido a la ciudad en epicentro de protestas, tensión social y denuncias por abuso de poder. La escena no sólo exhibe la crueldad del procedimiento, sino también el grado de normalización con el que las autoridades federales han comenzado a tratar a menores como instrumentos de presión.
De acuerdo con autoridades escolares, el niño y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, fueron detenidos cuando regresaban del preescolar. Los agentes no sólo arrestaron al adulto, sino que pidieron al menor que tocara la puerta del domicilio para verificar si había más personas dentro, utilizándolo de facto como señuelo. Pese a que otro adulto solicitó quedarse con el niño, el ICE se negó. Ambos fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Texas.
El caso ha provocado una oleada de indignación nacional. Minneapolis vive días de protestas continuas, paros laborales y cierres masivos de negocios en solidaridad con la comunidad migrante. Más de 500 establecimientos se sumaron a una huelga simbólica, mientras que manifestaciones se replicaron en ciudades como Chicago, Nueva York y Seattle.
El contexto no es menor. Apenas el 7 de enero, un agente del ICE asesinó a Renee Good durante un operativo migratorio en la misma ciudad. La mujer, poeta y madre de tres hijos, murió tras recibir tres disparos, uno de ellos en la cabeza. A pesar de la gravedad del caso, el gobierno federal ha cerrado filas en defensa del agente involucrado.
Lejos de reconocer excesos, el vicepresidente J. D. Vance acudió a Minneapolis para respaldar públicamente a los agentes. Flanqueado por personal del ICE, defendió tanto la detención del menor como el homicidio de Good, y acusó a autoridades locales de obstaculizar los operativos. Para Vance, el problema no es el uso de la fuerza, sino la supuesta falta de cooperación de gobiernos estatales y municipales.
Sobre el caso del niño, su postura fue contundente: justificó la detención argumentando que el padre “violó la ley” y cuestionó qué otra cosa podían hacer los agentes. El mensaje fue claro: la condición de menor no exime a nadie de ser utilizado dentro de un operativo migratorio.
Las declaraciones no sólo ignoran los protocolos internacionales de protección a la infancia, sino que refuerzan una narrativa peligrosa: que cualquier medio es válido en nombre del control migratorio. Bajo esa lógica, el trauma infantil, la separación familiar y el uso de la fuerza quedan relegados a daños colaterales aceptables.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional reporta más de 3 mil detenciones en las últimas semanas. A ello se suma el aval judicial para que los agentes utilicen fuerza contra manifestantes, luego de que un tribunal federal levantara las restricciones impuestas a su actuación. El mensaje institucional es inequívoco: Mano dura, incluso contra la protesta civil.
El caso de Liam no es un hecho aislado, sino el reflejo de una política que ha dejado de distinguir entre delincuentes y familias vulnerables. La imagen del niño escoltado por agentes armados no sólo sacude conciencias: Exhibe el rostro más crudo de una estrategia que ha sustituido la legalidad por el miedo y la humanidad por la fuerza.
En nombre del control migratorio, Estados Unidos ha cruzado una línea peligrosa. Y cada niño detenido, cada familia separada y cada vida perdida lo confirma.
