Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- El Instituto Municipal de la Mujer de Orizaba (IMMO), organismo creado para brindar protección, acompañamiento y acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia, fue señalado por revictimizar a una madre que denunció agresiones familiares y permitir, mediante omisiones institucionales, que continúe separada de sus hijos desde hace más de dos años.
Marina Rodríguez Guevara aseguró que lejos de encontrar respaldo en las instancias encargadas de proteger a mujeres e infancias, enfrentó una cadena de negligencias que involucró al IMMO, al DIF Municipal, a la Fiscalía Regional y al propio Poder Judicial, situación que, afirmó, ha favorecido al presunto agresor y mantiene estancados los procedimientos legales.
La denunciante relató que acudió inicialmente a la Fiscalía para denunciar presuntos actos de violencia física, sexual, psicológica y económica cometidos por su expareja.
Sin embargo, aseguró que las fiscales encargadas se negaron a formalizar la denuncia y la canalizaron al Instituto Municipal de la Mujer.
De acuerdo con su testimonio, en el IMMO tampoco obtuvo la protección esperada, pese a presentar lesiones visibles. Por el contrario, señaló que personal de la dependencia le sugirió dialogar con su presunto agresor y documentar fotográficamente las lesiones para observar su evolución, en lugar de activar mecanismos inmediatos de protección.
Incluso, Rodríguez Guevara acusó que funcionarios del instituto se comunicaron con su expareja, mientras las medidas de resguardo para ella y sus hijos nunca se implementaron. Responsabilizó al DIF Municipal por no garantizar el interés superior de los menores y señaló que su expareja ha incumplido convivencias supervisadas y evaluaciones sin que haya consecuencias legales, lo que mantiene los expedientes detenidos.
Cuestionó al Poder Judicial por las dilaciones que benefician a quien desacata la ley.
Hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para auditar los juzgados familiares y exigió transparencia a la Fiscalía y al Poder Judicial, al cuestionar si detrás de los retrasos existe corrupción.
