La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el impuesto a la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas LP creado por el Gobierno de Baja California.

La controversia constitucional  fue presentada el  17 de agosto en contra de la medida impulsada por el Gobernador Jaime Bonilla.

El impuesto obliga a empresarios a pagar 17 centavos por litro o kilo de bióxido de carbono generado por los derivados en dicha entidad.