De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.– Bajo la gestión municipal 2022-2025, la entonces síndica única Vania López González impulsó y firmó un contrato por 2 millones 88 mil pesos en favor de la empresa chiapaneca “Consultoría Inteligente Multidisciplinaria y de Asistencia, S.C.”. El objeto del contrato, registrado bajo el expediente AD/09/FISCALES/2024/01, era realizar un análisis del fideicomiso de parquímetros, el cual acumulaba en ese momento más de 47 millones de pesos. Sin embargo, a pesar del alto costo para el erario, no existen beneficios tangibles ni resultados verificables de dicha consultoría que hayan sido entregados a la ciudadanía.
La transacción destaca por una marcada falta de transparencia, ya que se incluyó una cláusula de confidencialidad que blinda cualquier hallazgo sobre el manejo de los recursos del fideicomiso. Resulta particularmente cuestionable que se optara por una adjudicación directa a una empresa externa sin presencia local, cuando el ayuntamiento cuenta con estructuras orgánicas como la Tesorería, la Sindicatura y el Órgano de Control Interno, las cuales tienen la facultad y obligación de realizar este tipo de revisiones sin generar gastos adicionales de esa magnitud.
Los vínculos políticos de la consultora añaden una capa de sospecha al proceso, pues la empresa está directamente ligada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Documentación oficial señala que la firma, constituida en Tuxtla Gutiérrez, facturó previamente 1.3 millones de pesos durante las giras de Manuel Velasco Coello. Pese a que la consultora no acreditó una especialidad probada en fideicomisos municipales, fue seleccionada para fiscalizar un organismo que cuenta, por ley, con un Comité Técnico y un Comité Ciudadano de Vigilancia, los cuales permanecieron en un silencio corrupto ante la contratación.
El escenario actual plantea un grave riesgo de impunidad y un evidente conflicto de interés. López González, quien promovió y ejecutó el contrato millonario en la administración pasada, ocupa ahora la regiduría novena en el periodo 2026-2029. Lo más alarmante es su integración en el comité de entrega-recepción, lo que le otorga la facultad de revisar y validar los documentos de la gestión anterior, convirtiéndose en “juez y parte” al supervisar el expediente que ella originó.
