AGENCIA
Xalapa, Ver.- En Veracruz, la tala ilegal avanza en un contexto de alta impunidad. Entre 2018 y 2025, solo una de cada 129 denuncias presentadas por este delito derivó en una sanción, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Durante ese periodo, las autoridades estatales desplegaron únicamente 22 elementos en operativos conjuntos contra la deforestación clandestina. Como resultado de estas acciones se reportó la detención de 103 personas y el aseguramiento de más de 35 mil metros cúbicos de madera de diversas especies.
Los municipios de Perote, Emiliano Zapata y Acajete concentran la mayoría de las intervenciones realizadas por las autoridades, al tratarse de zonas con alta incidencia de tala ilegal.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró un total de 35 mil 099.1326 metros cúbicos de madera durante operativos realizados en distintos puntos del estado. A esta cifra se suman 30 mil 816 metros cuadrados, 488 kilogramos y mil 838 piezas de productos forestales.
Los decomisos incluyeron madera en diversas presentaciones, como 60 durmientes, 98 troncos, 52 trozos, siete vigas, 130 tablones, 340 tablas y 30 costales, correspondientes a distintas especies forestales. Entre ellas se encuentran cedro, cedro rojo, encino, pino, ciprés, aile, bambú, molina y nacaztle, además de madera no especificada y productos forestales procesados.
La senadora Susana Harp advirtió que los grupos dedicados a la tala clandestina operan de manera violenta y utilizan armas de fuego para apropiarse de terrenos forestales. Señaló que, además de la extracción ilegal de madera, estas organizaciones buscan establecer plantíos ilícitos, aserraderos clandestinos y bases de operación en zonas boscosas.
La madera obtenida de forma ilegal se comercializa tanto en mercados locales como mediante esquemas de “lavado”, que incluyen el uso de documentación oficial falsa. Esta práctica genera competencia desleal y afecta directamente a productores legales. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional Forestal, hasta 70 por ciento de la madera comercializada entre 2013 y 2018 tuvo un origen clandestino.
La deforestación ilegal también tiene impactos sociales y ambientales. En regiones con altos niveles de pobreza, estas redes criminales se convierten en una fuente de empleo para comunidades vulnerables, creando economías paralelas bajo control armado. En el ámbito ambiental, Veracruz perdió 17 por ciento de su cobertura forestal entre 2001 y 2023, según datos de Global Forest Watch, lo que evidencia la magnitud del problema y las limitaciones del Estado para contenerlo.
