AGENCIA
Veracruz, Ver.- Jubilarse después de años de trabajo debería significar el inicio de una etapa de tranquilidad, no convertirse en una pesadilla burocrática. Ese es el caso de María Luz Marín, una maestra jubilada en Veracruz que, tras iniciar su trámite de pensión, perdió el acceso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras su retiro continúa sin resolverse.
La situación fue expuesta por una reportera durante una conferencia de prensa encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, el 27 de octubre, donde se evidenció cómo los procedimientos administrativos pueden dejar a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad justo cuando más necesitan estabilidad y protección.
De acuerdo con el relato presentado, la docente inició su trámite de pensión hace seis meses. Sin embargo, al solicitar su retiro, fue dada de baja del IMSS y perdió la cobertura médica para ella y su familia. El sindicato le habría informado que no podía intervenir debido a las disposiciones relacionadas con la vigencia de derechos, mientras que el Instituto de Pensiones del Estado no ha concluido el trámite correspondiente.
El resultado es un auténtico laberinto institucional: la maestra dejó de tener acceso regular a los servicios médicos del IMSS, pero tampoco ha recibido su pensión. Después de décadas de trabajo, enfrenta incertidumbre económica y dificultades para garantizar su atención médica.
La situación se agrava porque las alternativas tampoco son sencillas. Según lo expuesto, la familia intentó contratar un seguro facultativo, pero encontró obstáculos por la existencia de enfermedades preexistentes. También habría enfrentado dificultades para incorporarla como beneficiaria de un familiar.
Aunque se mencionó que existe un periodo de conservación de derechos de hasta 18 semanas después de la baja, ese plazo puede resultar insuficiente cuando los trámites de jubilación se prolongan durante meses. La pregunta es inevitable: ¿quién responde por los trabajadores cuando una institución los da de baja y otra todavía no les resuelve la pensión?
El caso exhibe las fallas de coordinación entre los organismos responsables de garantizar la seguridad social. El IMSS no puede limitar el problema a una cuestión administrativa cuando la consecuencia es que una persona queda expuesta a perder atención médica durante una etapa delicada de su vida.
Como alternativa, se planteó la posibilidad de acudir a unidades de IMSS-Bienestar, aunque el acceso efectivo y la continuidad de los tratamientos deben verificarse en cada caso. La existencia de otro sistema de atención no elimina la responsabilidad de las instituciones de evitar que los pacientes queden atrapados entre trámites, requisitos y periodos de espera.
Durante la conferencia también se habló de impulsar un Servicio Universal de Salud que permita mantener la atención médica independientemente de la situación laboral o de la vigencia de derechos. Sin embargo, mientras ese modelo se concreta, los trabajadores siguen enfrentando problemas que requieren soluciones inmediatas, no promesas a futuro.
El caso de María Luz Marín plantea una exigencia básica: ninguna persona debería quedarse sin atención médica por iniciar su jubilación ni pasar meses esperando una pensión sin una respuesta clara de las autoridades.
El IMSS y el Instituto de Pensiones del Estado deben aclarar qué ocurrió, revisar el caso y garantizar que la transición al retiro no se convierta en una condena de incertidumbre. Porque después de toda una vida de trabajo, lo mínimo que merece una persona es seguridad social, no una carrera de obstáculos para recibir lo que le corresponde.
Es inaceptable que una persona que dedicó años de su vida al trabajo termine sin atención médica por un trámite de jubilación. El IMSS debería garantizar una transición ordenada y no dejar a los trabajadores a merced de la burocracia. La salud no puede depender de quién resuelva primero un expediente.
El caso de esta maestra evidencia la falta de coordinación entre las instituciones. La dan de baja del IMSS, su pensión sigue sin resolverse y su familia tiene que buscar alternativas para atenderla. ¿Quién se hace responsable cuando los trámites se convierten en una barrera para recibir atención médica? La seguridad social debe proteger a los trabajadores, no abandonarlos cuando se jubilan.
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