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De la Redacción
El Buen Tono

CÓRDOBA, VER.– El discurso del alcalde Manuel Alonso Cerezo sobre el fortalecimiento de la seguridad fue desmentido por la realidad en cuestión de horas.

Durante la entrega de nueve patrullas para la Policía Municipal y Tránsito, el edil aseguró que “la seguridad de las familias cordobesas no admite esperas ni improvisaciones” y que su administración fortalecía la capacidad operativa de las corporaciones para consolidar “un Córdoba más seguro” y avanzar en la construcción de la paz.

Sin embargo, mientras el gobierno municipal presumía nuevas unidades, horas después fue asesinado Gustavo Ramón Ramírez Martínez, exjefe de Servicios de la Delegación de Tránsito Estatal con sede en Fortín y actualmente elemento de Tránsito Municipal, un hecho que volvió a evidenciar la incapacidad del gobierno local para garantizar la seguridad.

En el mismo evento, Manuel Alonso presentó como parte de su estrategia de seguridad al titular de Tránsito Municipal, David Flores Cervantes, alias “El Gavilán”, a pesar de que desde antes de su nombramiento existían antecedentes públicos sobre su paso por corporaciones de seguridad en Cancún, donde fue señalado por prácticas de extorsión y cobro de cuotas.

Desde su llegada al cargo, El Buen Tono ha documentado diversos señalamientos contra Flores Cervantes, incluyendo denuncias internas por cobros irregulares, cuestionamientos sobre la falta de claridad en sus evaluaciones de control y confianza, así como acusaciones sobre el ambiente de presión dentro de la corporación. Pese a ello, el gobierno municipal ha decidido mantenerlo al frente de Tránsito.

La ejecución de Gustavo Ramón Ramírez Martínez se suma a una preocupante cadena de hechos violentos que han golpeado al entorno de la administración municipal. En lo que va del gobierno de Manuel Alonso Cerezo, ya son tres personas vinculadas a dependencias públicas que han sido asesinadas.

El primer caso fue el de Alberto López Campos, de aproximadamente 32 años, trabajador del área de Limpia Pública del Ayuntamiento de Córdoba. Posteriormente fue asesinado Luis Enrique “N”, de 29 años, adscrito al área de almacén de Hidrosistema de Córdoba. Ahora, la ejecución del exjefe de Servicios de la Delegación de Tránsito Estatal con sede en Fortín, Gustavo Ramón Ramírez Martínez, vuelve a colocar la violencia como el principal desafío para las autoridades de la región.

Aunque las víctimas pertenecían a distintas áreas y circunstancias, los hechos exhiben un contexto de violencia que contrasta con el discurso oficial sobre la construcción de la paz y la seguridad.

La entrega de patrullas representa una inversión en equipo, pero la seguridad no se construye únicamente con vehículos nuevos ni con actos protocolarios. También requiere una estrategia efectiva, instituciones confiables y funcionarios cuya trayectoria genere certeza, no cuestionamientos.

Mientras Manuel Alonso Cerezo habla de fortalecer la paz, Córdoba sigue acumulando hechos de violencia que exhiben la incapacidad de su administración para garantizar la seguridad que prometió a los cordobeses.

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