De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- A más de un mes de haber iniciado la gestión de Hugo Chahín Kuri, el ayuntamiento de Orizaba incumple con la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. Hasta la fecha, el portal oficial no ha sido actualizado con los datos mínimos obligatorios, como la estructura orgánica, el directorio de funcionarios y la nómina vigente, ignorando los plazos perentorios que la legislación estatal impone a todos los sujetos obligados.
La normativa es clara al señalar que los ayuntamientos deben publicar y mantener actualizada la información fundamental, incluyendo el directorio completo de servidores públicos y sus remuneraciones brutas y netas. Según los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, cualquier modificación sustancial —como el cambio de gobierno ocurrido el pasado 1 de enero— obliga a la administración a reflejar estos cambios de manera inmediata en sus plataformas digitales para consulta ciudadana.
A pesar de que el ayuntamiento realizó un evento público el 21 de enero en el Teatro Ignacio de la Llave para presentar oficialmente a su gabinete, dicha estructura no se refleja en la web oficial. Este acto confirma que la organización administrativa está definida y en funciones, lo que anula cualquier justificación técnica sobre el desconocimiento de los cargos o las atribuciones de los directores y titulares de área.
Actualmente, el portal de transparencia municipal sigue mostrando datos de la administración anterior (2022–2025). La autoridad ha intentado justificar esta omisión bajo el argumento de un “proceso de homologación de formatos”; sin embargo, esta figura no existe dentro de la ley como una causa válida para suspender las obligaciones legales, ni exime al ayuntamiento de su responsabilidad de rendir cuentas de manera oportuna.
En términos legales, esta situación representa un incumplimiento directo de los artículos 15 y 16 de la Ley 875, vulnerando el derecho de los ciudadanos a saber quiénes integran el gobierno municipal y cómo se distribuye el dinero público. Al cierre de la primera semana de febrero, la opacidad administrativa en Orizaba impide la fiscalización ciudadana básica sobre el uso de los recursos y la identidad de los nuevos servidores públicos.
