AGENCIA
CDMX.- La reacción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU responde a un “malentendido” sobre el concepto de desapariciones forzadas, consideró Jimena Reyes, especialista en derechos humanos.
En entrevista, la representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos explicó que el gobierno mexicano interpreta que reconocer la existencia de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad implica catalogar al país como un Estado fallido, lo cual, afirmó, no es correcto.
Reyes señaló que México enfrenta una paradoja: por un lado, cuenta con instituciones funcionales, procesos electorales y actividad económica constante; por otro, existen niveles de violencia generados por el crimen organizado que se asemejan a los de un conflicto armado.
La experta respaldó el contenido del informe del comité de la ONU, al señalar que el derecho penal internacional permite identificar patrones en las desapariciones y rastrear responsabilidades hasta los altos mandos, uno de los principales vacíos en la impartición de justicia en el país.
Cabe recordar que la FIDH fue la primera organización en solicitar la activación del artículo 34 del comité, mecanismo que permitiría llevar el tema de las desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, encabezada por Antonio Guterres.
Sobre la postura del gobierno federal, que ha rechazado las conclusiones del informe, Reyes consideró comprensible la molestia, aunque subrayó que el tono del comité es de acompañamiento y busca mejorar la eficacia de las acciones del Estado.
La especialista advirtió que, con más de 132 mil personas desaparecidas en registros oficiales, resulta insostenible negar la existencia del problema, aunque precisó que el actual gobierno no es el origen del fenómeno.
Asimismo, explicó que uno de los puntos de controversia es la interpretación de que actores no estatales, como grupos del crimen organizado, puedan cometer desapariciones forzadas, lo cual —indicó— está contemplado en la normativa internacional cuando existe apoyo o tolerancia de autoridades.
El informe del comité también abre la posibilidad de llevar la discusión al ámbito internacional como un precedente para otros países afectados por la violencia criminal, lo que podría impulsar cambios en la forma de investigar estos delitos.
Finalmente, Reyes subrayó la necesidad de un cambio de fondo en la estrategia, al advertir que, de continuar con los métodos actuales, podrían pasar más de 100 años para esclarecer todos los casos de desaparición en México, en un contexto donde la corrupción y la infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado siguen siendo factores clave.
El informe más reciente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), emitido en abril de 2026, señala un periodo de análisis que abarca principalmente hechos ocurridos entre 2009 y 2017, aunque advierte que las desapariciones forzadas continúan cometiéndose.
Muy preucupante que una “gobernanta con a” no sepa la diferencia entre desaparición forzada y estado fallido”. ¿Cómo desaparecen por miles las personas y no se enteran las autoridades?
Si no hay complicidad, la omisión de seguridad si existe, no es normal que la dolorosa búsqueda la hagan por su cuenta y con la indiferencia de las autoridades las madres.
