CDMX.- Además de gobernadores, presidentes y funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por corrupción a partir del 19 de julio.
Aquellas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
Se sancionarán malas prácticas que incluyen operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.
