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AGENCIA

Internacional.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló las fichas rojas de búsqueda internacional contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, con efectos desde el 25 de septiembre de 2026. Sin embargo, las órdenes de aprehensión que enfrentan en México continúan vigentes.

La decisión fue notificada formalmente a la defensa de la pareja y se dio a conocer públicamente a finales de septiembre. El retiro de las alertas no representa una absolución ni anula los procedimientos judiciales abiertos en territorio mexicano.

La cancelación ocurrió después de que sus abogados presentaran, en octubre de 2025, una solicitud para eliminar los registros internacionales. Entre sus argumentos señalaron presuntas motivaciones políticas en el proceso, posibles afectaciones a sus derechos fundamentales y la falta de una resolución de fondo en el juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión.

La defensa también cuestionó el riesgo de una detención arbitraria en caso de que fueran entregados a México y alegó que la exposición pública del caso podría afectar la presunción de inocencia y el derecho a un proceso equitativo.

La pareja es investigada por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un supuesto esquema de facturación falsa y el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones deberán resolverse ante las instancias judiciales correspondientes.

Pese a la cancelación de las fichas rojas, la Fiscalía General de la República mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en México y el gobierno federal ha anunciado que solicitará a Interpol una explicación sobre los motivos de la decisión, además de buscar la reactivación de las alertas internacionales.

El caso también involucra la situación migratoria de Álvarez Puga en Estados Unidos, donde fue detenido por autoridades migratorias en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza, de acuerdo con reportes periodísticos. Su situación migratoria y los procedimientos de extradición son asuntos distintos a la cancelación de las fichas rojas.

La decisión de Interpol representa un cambio en los mecanismos de búsqueda internacional de la pareja, pero no elimina los requerimientos judiciales mexicanos ni determina su responsabilidad penal.

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