AGENCIA
CDMX.- La investigación federal en la que está involucrado el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presunto tráfico de armas y robo de combustible, también expone referencias a diversos funcionarios vinculados a Morena, de acuerdo con documentos judiciales integrados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Hasta ahora, la FGR no ha informado si los servidores públicos mencionados en las escuchas telefónicas ya fueron entrevistados o si se encuentran formalmente bajo investigación, pese a que sus nombres aparecen en conversaciones intervenidas legalmente dentro de la causa penal.
De acuerdo con una orden de aprehensión emitida el 15 de noviembre pasado, obtenida por Proceso, Rocha Cantú y otras 12 personas son señaladas como presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al tráfico de hidrocarburos y armas. En el expediente se incluyen múltiples intervenciones telefónicas que refieren contactos, influencias y supuestas gestiones con funcionarios de alto nivel.
Uno de los registros corresponde a una llamada intervenida a Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario vinculado también al caso Segalmex, quien el 12 de diciembre de 2024 sostuvo una conversación con un hombre identificado como Jacob, presuntamente Alejandro Jacob Álvarez Arriaga. En dicha llamada se menciona a Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, en el contexto de supuestas gestiones y vínculos dentro de la Fiscalía.
El informe de investigación criminal SSPC/CONASE/SI-JR/00203/2024, presentado ante el juez de control Rodrigo Rosales Salazar, señala que en la conversación se hace referencia a una fiscal presuntamente cercana a Alcalde Luján y a supuestos intermediarios con acceso a ella.
Según la carpeta de investigación, Alejandro Jacob Álvarez Arriaga operaba como subordinado de Daniel Roldán, alias el Dani, y era responsable del manejo del flujo de combustible robado, su transporte, cobro y coordinación con proveedores y compradores, entre ellos el dirigente sindical Guillermo Fragoso. También mantenía control del predio conocido como el Patio, donde se almacenaba el hidrocarburo traficado.
El nombre de Luisa María Alcalde vuelve a aparecer en otro informe, el SSPC/CONASE/SI-JR/0206/2024, derivado de la intervención telefónica de Jacobo Reyes León, quien el mismo 12 de diciembre de 2024 aseguró que la nueva fiscal general era hermana de la dirigente morenista y que un tercero, identificado como Gallegos, tenía comunicación directa con ella por pertenecer al mismo círculo.
En otra llamada intervenida, el 15 de diciembre de 2024, Jacobo Reyes León conversó con Daniel Roldán y mencionó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Según el registro, Reyes León afirmó que una camioneta blindada que él vendió fue regalada por el hermano de Ebrard a Guillermo Fragoso.
La investigación también involucra a la fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). De acuerdo con la FGR, Ramírez Rodríguez habría recibido pagos a cambio de información sobre investigaciones en curso contra integrantes de la red criminal, incluido Rocha Cantú. Actualmente, es la única funcionaria mencionada que se encuentra vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Morelos.
Otro nombre que aparece en las escuchas es el del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En una conversación con su esposa, fechada el 19 de diciembre de 2024, Reyes León afirmó que fue invitado a un grupo del funcionario, pero que rechazó participar, argumentando su calidad de abogado y el derecho a la secrecía profesional.
Finalmente, el expediente refiere una llamada del 10 de febrero de 2025 en la que un hombre identificado como Tony, supuesto abogado de Reyes León, menciona una conversación con el senador Ricardo Monreal relacionada con una deuda de tres millones de pesos atribuida al hijo de un legislador. En la grabación, Reyes León expresa su molestia por presiones recibidas tras haber intervenido, según sus dichos, a petición de “Raúl, el de Miss Universo”.
Aunque los nombres de altos funcionarios y figuras políticas aparecen reiteradamente en las conversaciones intervenidas, la FGR no ha aclarado el estatus legal de estas menciones ni si derivarán en nuevas líneas de investigación, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el alcance real del caso y sus posibles implicaciones políticas.
