De la redacción
El Buen Tono
Una investigación del diario estadounidense Los Angeles Times reveló que al menos 13 ciudadanos mexicanos habrían fallecido durante ataques militares de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas en aguas internacionales.
El reportaje señala que entre las víctimas se encuentran ocho pescadores originarios de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, quienes desaparecieron el 16 de febrero de 2026, fecha en la que el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre dos operaciones en el océano Pacífico.
Los pescadores identificados en la investigación son Edgar Valerio Ramos, Pedro Torres Falcón, Luis Torres Jiménez, Carlos Torres Zamora, José Reyes García, Diego Ocampo González, Abel Ramos Jiménez y Braulio Cruz Joya.
Además, el medio estadounidense documentó otros cinco casos de mexicanos que presuntamente habrían perdido la vida en distintas operaciones militares realizadas en otras zonas de América Latina.
Hasta el momento, el Gobierno de México no ha confirmado oficialmente la muerte de ciudadanos mexicanos en estos ataques. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó al diario que “no tenemos información” sobre connacionales fallecidos, mientras que la Secretaría de Marina aseguró que no cuenta con registros de operaciones militares dentro de la Zona Económica Exclusiva mexicana.
Según la investigación, los ataques forman parte de la ofensiva militar impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra embarcaciones que Estados Unidos considera relacionadas con el crimen organizado.
El caso de los ocho pescadores de Nayarit ya había sido reportado previamente por medios mexicanos, luego de que familiares señalaran que recibieron información informal sobre su posible fallecimiento durante un ataque militar estadounidense. Sin embargo, la versión no fue confirmada por autoridades mexicanas.
El reportaje también señala que Estados Unidos no ha revelado las ubicaciones exactas de los ataques ni la identidad de todas las personas afectadas, mientras especialistas en derecho internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones.
La información continúa sin una confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas.
