Washington, D.C. — El fiscal especial Jack Smith, responsable de imputar al expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio y el manejo indebido de documentos clasificados, enfrenta ahora una investigación federal por presunta actuación con fines políticos.
La Oficina de Asesoría Especial (OSC, por sus siglas en inglés) abrió un expediente para determinar si Smith violó la Ley Hatch, que limita la participación política de empleados federales. La indagatoria comenzó tras una solicitud del senador republicano Tom Cotton, quien acusó a Smith de haber interferido de manera “sin precedentes” en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump resultó ganador pese a múltiples procesos judiciales en su contra.
Aunque la OSC no puede presentar cargos penales, sí tiene la facultad de recomendar sanciones disciplinarias o remitir sus hallazgos al Departamento de Justicia para futuras acciones.
Smith fue designado en 2022 por el fiscal general Merrick Garland para investigar a Trump, cuyo primer mandato había terminado. Derivado de esas pesquisas, el expresidente fue imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por instigar el violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, fue acusado de retener ilegalmente documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Trump, quien siempre negó las acusaciones y calificó las investigaciones como una “caza de brujas” orquestada por la administración de Joe Biden, nunca llegó a ser juzgado, ya que Smith retiró los cargos tras su victoria en 2024. Esto debido a que el Departamento de Justicia tiene prohibido procesar a un presidente en funciones.
La investigación contra Smith reaviva el debate sobre la politización del sistema judicial en Estados Unidos, mientras el país se prepara para una nueva etapa bajo el segundo mandato de Trump.
