AGENCIA
Ciudad de México.- Talleres Gráficos de México otorgó 32 contratos por más de 278.3 millones de pesos a tres empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por una posible simulación de competencia en procedimientos de contratación relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las empresas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, y Corporativo Zeg recibieron los contratos entre 2017 y 2021 para suministrar insumos, elaborar materiales electorales y realizar trabajos de impresión.
Cajas Graf concentró la mayor parte de los recursos, con al menos 198 millones 496 mil 660 pesos correspondientes a 15 contratos. Entre los productos adquiridos se encuentran cartón, polipropileno, láminas de plástico y alambre electrogalvanizado.
Por su parte, Formas Finas y Materiales obtuvo diez contratos entre 2018 y 2019 por un total de 66 millones 799 mil 574 pesos, principalmente por servicios de impresión e insumos para producción. También registró una contratación por 29 mil 800 pesos para adquirir dados de plástico.
Corporativo Zeg recibió siete contratos durante 2021 por un monto conjunto de 13 millones 4 mil 42 pesos, relacionados con la integración de materiales electorales, impresión, acabado, empaque de urnas para diputaciones y servicios de transporte.
Las tres compañías han sido señaladas por presuntamente formar parte de una red empresarial relacionada con los hermanos Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas. Este último ha sido vinculado públicamente con la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en señalamientos relacionados con posibles conflictos de interés.
Además, Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE, habría fungido como representante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg antes de incorporarse al área encargada de las adquisiciones del organismo electoral. Este antecedente ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en los procedimientos de contratación.
Talleres Gráficos de México es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación que participa en la producción de documentación y materiales electorales para el INE y los organismos públicos locales electorales. Para realizar parte de esos trabajos, puede contratar a proveedores privados.
Los montos involucrados y los vínculos señalados han puesto bajo escrutinio los mecanismos de contratación y la supervisión de los recursos destinados a la organización de elecciones. La investigación deberá establecer si existieron procedimientos simulados, favoritismos o conflictos de interés, así como las posibles responsabilidades de funcionarios y particulares.
En medio de la controversia, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre. Un día después, la consejera Blanca Cruz García asumió la presidencia interina y ordenó detener la entrega de nuevos contratos y revisar los que permanecen vigentes.
La revisión deberá esclarecer si hubo irregularidades en las adjudicaciones y determinar, con pruebas, si existen responsabilidades administrativas o penales. Hasta que concluyan las investigaciones, los señalamientos contra las empresas y las personas mencionadas no constituyen una declaración de culpabilidad.
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