Ixtaczoquitlán, Ver.- Autoridades de Veracruz investigan si los restos humanos encontrados en una fosa clandestina en Ixtaczoquitlán corresponden a Paulina Camargo Limón, la joven de 19 años desaparecida el 25 de agosto de 2015 mientras se encontraba embarazada de cuatro meses. La madre de la víctima, Rocío Limón, acudió a los servicios periciales de Xalapa tras identificar características coincidentes, como la presencia de brackets dentales y el sexo femenino. Actualmente se realizan pruebas genéticas, odontológicas y antropológicas, cuyos resultados podrían tardar hasta febrero para confirmar o descartar la identidad de los restos.
Los hallazgos forman parte de un total de dos cuerpos de mujeres localizados en fosas clandestinas en un paraje entre Veracruz y Córdoba, lo que evidencia la grave situación de violencia y desapariciones en la región; en los últimos cinco años se han contabilizado más de 50 cuerpos en fosas clandestinas, muchos de ellos sin identificación. La familia de Paulina ha insistido en la necesidad de investigaciones responsables y con sustento técnico, denunciando que versiones sin confirmación generan confusión y revictimización.
Mientras tanto, tras más de una década desde la desaparición de la joven, el juicio oral contra José María Sosa, su entonces pareja y único imputado por desaparición forzada, dará inicio el 22 de enero de 2026. La familia del acusado asegura que esperan un proceso conforme a derecho, aunque reconocen la incertidumbre ante posibles resultados desfavorables. Sosa ya había sido exonerado de homicidio y aborto debido a la falta de pruebas y a la ausencia del cuerpo de la víctima, lo que provocó retrasos significativos en el proceso judicial.
Paulina Camargo fue vista por última vez cuando acudía a una consulta ginecológica en la zona de La Margarita, Veracruz. Desde entonces, su familia y colectivos de búsqueda, como Justicia para Paulina Camargo y la Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas, han exigido justicia, realizando manifestaciones y colocando el llamado “jardín de la esperanza” con fichas de búsqueda frente a la Fiscalía General del Estado. La exigencia de la familia se centra en localizar a Paulina y garantizar que los responsables sean sancionados, mientras que la FGE enfrenta críticas por retrasos y compromisos incumplidos en la atención de desapariciones de mujeres en la región.
El caso de Paulina Camargo refleja la persistente crisis de violencia contra mujeres en Veracruz y Puebla, así como la lentitud de los procesos judiciales en casos de desaparición forzada, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre durante más de una década.
