AGENCIA
Nacional.- Jalisco se mantiene como la entidad con más personas desaparecidas en México desde 2018. Bajo el lema “En Jalisco estamos buscando”, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas reporta 16 mil 064 casos acumulados hasta 2025, de los cuales mil 829 corresponden a mujeres y 14 mil 235 a hombres. Sin embargo, especialistas, académicos y periodistas advierten que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema y acusan una política de subregistro que invisibiliza a las víctimas.
Uno de los focos más alarmantes es la desaparición de menores de edad. Los casos de niñas y niños de 0 a 14 años aumentaron 17 por ciento de 2024 a 2025, al pasar de 275 a 323 reportes. A esto se suma una tendencia creciente entre adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, actualmente el grupo con más desapariciones en el estado.
Aunque el gobernador Pablo Lemus ha calificado este fenómeno como “la mayor tragedia que vive Jalisco” y anunció el Plan de Acción contra la Desaparición de Personas, especialistas aseguran que las desapariciones continúan en aumento y que las acciones institucionales han sido insuficientes.
Desde 2022, durante la administración de Enrique Alfaro, Jalisco dejó de reportar sus casos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y optó por contabilizarlos únicamente en su registro estatal. Esta decisión, justificada por el gobierno local como una medida para evitar duplicidades y mejorar la precisión de los datos, ha generado una fuerte controversia, ya que la ley obliga a todas las entidades a reportar y actualizar la información en la base nacional.
Académicos señalan que esta postura de “autonomía técnica” ha provocado vacíos graves. El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco explica que los casos se clasifican como personas desaparecidas o no localizadas, pero en la práctica hay registros que simplemente no aparecen en ninguna base de datos pública.
Un ejemplo es el caso de Jordy Alejandro Cárdenas Flores, desaparecido en Guadalajara el 19 de mayo de 2022. Aunque existe una cédula informativa de búsqueda emitida en 2024 por autoridades estatales, su nombre no aparece ni en el registro estatal ni en el nacional. La plataforma local incluso arroja un mensaje de “no encontrado”, pese a que la ficha fue expedida oficialmente.
Especialistas advierten que la emisión tardía de cédulas y la actualización mensual del registro estatal incumplen la obligación legal de actualización inmediata. Señalan que en los primeros días tras una desaparición el tiempo es determinante para la localización con vida.
De acuerdo con datos oficiales del propio registro estatal, entre 2018 y 2025 las desapariciones en Jalisco aumentaron casi 40 por ciento. Sin embargo, investigadores sostienen que el número real podría ser mayor, ya que muchos casos quedan como “pre-búsquedas”, sin carpeta de investigación abierta, lo que impide la coordinación con otras fiscalías y limita las acciones de búsqueda.
Además del subregistro, se advierte una escalada de violencia en los casos recientes. Se documenta la participación de grupos armados, crimen organizado, uso excesivo de la fuerza y posibles vínculos con reclutamiento forzado, especialmente mediante falsas ofertas de empleo dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Investigadores universitarios y periodistas coinciden en que la falta de registros completos no solo distorsiona las cifras, sino que revictimiza a las familias. Casos de jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados no figuran en los informes mensuales del gobierno estatal, lo que deja en duda cuántas personas siguen sin ser buscadas formalmente.
Para especialistas, el problema de fondo es estructural. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades empujan a miles de jóvenes a aceptar trabajos riesgosos, mientras el Estado falla en garantizar su protección. Sin registros completos y transparentes, advierten, no es posible diseñar políticas efectivas ni dimensionar la crisis.
“Desaparecen a los desaparecidos”, resumen investigadores. Mientras el gobierno presume cifras controladas, la realidad en Jalisco apunta a una crisis sostenida que, lejos de resolverse, se profundiza en la opacidad.
