De la redacción
El Buen Tono
El Poder Legislativo de Jalisco impulsó una iniciativa para incorporar al Código Penal estatal el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de cerrar un vacío legal frente a la incorporación de menores a actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.
La propuesta es promovida por la diputada Mónica Magaña Mendoza, integrante de Movimiento Ciudadano, y plantea sanciones de entre 15 y 30 años de prisión para quienes involucren a menores en grupos delictivos. En casos donde participen servidores públicos, las penas podrían alcanzar hasta 40 años de cárcel.
El proyecto ha generado observaciones de distintos sectores, que señalan la necesidad de ampliar la protección no solo a menores de edad, sino también a jóvenes que enfrentan vulnerabilidad ante falsas ofertas de trabajo utilizadas para el enganche por parte del crimen organizado.
La iniciativa también reconoce las nuevas formas de captación utilizadas por estas estructuras, que incluyen plataformas digitales como TikTok, videojuegos en línea y esquemas laborales engañosos.
El marco legal contempla además la obligación de coordinación entre el gobierno estatal y municipios para la creación de albergues, atención médica, apoyo psicológico y programas de reinserción social para los menores rescatados.
El diseño de esta propuesta se realizó bajo un modelo de Parlamento Abierto, con participación de legisladores de Jalisco, representantes de UNICEF México, jueces, magistrados y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
El fenómeno del reclutamiento forzado de adolescentes se mantiene como una de las principales preocupaciones en la entidad, al estar vinculado con casos de desaparición relacionados con el crimen organizado.
