AGENCIA
Nacional.- El aumento en el precio del jitomate se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo la inflación en alimentos está erosionando el poder adquisitivo de millones de familias, pese a los incrementos históricos al salario mínimo en México.
Aunque en cifras oficiales el ingreso ha mejorado —pasando de apenas cubrir una canasta básica en 2019 a casi dos en 2026—, la realidad en los mercados cuenta otra historia. Productos esenciales, como el jitomate, reflejan una distorsión preocupante: mientras en la Central de Abastos se comercializa alrededor de 35 pesos por kilo, en anaqueles llega hasta los 70 pesos, evidenciando márgenes que superan el 100 por ciento (%).
Especialistas advierten que este encarecimiento no responde únicamente a factores globales como el alza en energéticos o fertilizantes, sino también a fallas estructurales y prácticas comerciales que terminan castigando directamente al consumidor final.
El impacto es mayor en los sectores más vulnerables. Con una inflación en alimentos que supera el 8% anual y un aumento de hasta 23% en frutas y verduras, los hogares con ingresos variables o en la informalidad enfrentan una pérdida constante en su capacidad de compra.
A esto se suma el incremento en otros productos básicos como la carne, cuyos precios han escalado entre 15 y 20%, obligando a muchas familias a reducir su consumo o priorizar gastos.
Expertos coinciden en que, aunque el aumento del salario mínimo ha sido significativo, la falta de una política integral que regule precios y fortalezca el mercado interno está limitando sus efectos. El resultado es una aparente mejora en el papel, pero una realidad donde cada vez alcanza para menos.
El caso del jitomate deja en evidencia una cadena de comercialización que beneficia a intermediarios mientras traslada el costo al consumidor, profundizando la desigualdad y evidenciando la urgencia de medidas que frenen los abusos en productos básicos.
