


Veracruz, México. — La muerte de Jonas Valdés González, estudiante de Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), destapa una grave crisis de negligencia, indiferencia y abuso institucional que ha indignado a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Tras sufrir un accidente que le dejó una herida expuesta en la pierna, Jonas fue forzado por docentes y autoridades universitarias a asistir a clases, poniendo en riesgo su salud y, finalmente, su vida.
A pesar de haber invertido más de 10 mil pesos en su proyecto académico y cumplir con sus responsabilidades, Jonas fue reprobado sin justificación válida, con el pretexto absurdo de “no haberse reportado”. En lugar de recibir apoyo y comprensión por su estado crítico, las asesoras Areli y Verónica Flores Sánchez le exigieron presentarse diariamente de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras su pierna abierta era protegida con bolsas negras por las intensas lluvias, exponiéndolo a infecciones y complicaciones graves.
Los responsables institucionales, incluyendo al jefe de carrera José Luis Chama y al director académico Fernando Arturo González, respondieron con burocracia, trámites interminables y una absoluta falta de empatía, ignorando las claras recomendaciones médicas para que Jonas guardara reposo.
Durante semanas, Jonas sufrió presiones constantes, indiferencia y humillaciones, siendo objeto de burlas e incluso amenazas de reprobarlo sin causa por parte de la docente Paulina Lizet Ichante Pérez. Esta conducta revela un ambiente académico tóxico y una falta alarmante de ética y humanidad.
El desenlace fue trágico: Jonas falleció debido a las complicaciones derivadas del abandono institucional que sufrió. Sin embargo, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz ha respondido no con transparencia ni responsabilidad, sino con censura y encubrimiento, limitando y bloqueando en redes sociales a quienes exigen justicia y negándose a abrir una investigación independiente.
Cabe destacar que en la UTCV se prohíbe expresarse libremente sobre casos como este bajo amenaza de sanciones, un mecanismo de control que protege a los responsables y perpetúa la impunidad.
Este caso no solo es un llamado urgente para que la universidad rinda cuentas, sino también una denuncia contra un sistema que antepone la burocracia y la imagen institucional por encima de la salud y la vida de sus estudiantes.
La familia de Jonas exige justicia plena, sanciones ejemplares para los culpables y reformas profundas en los protocolos de atención y protección estudiantil para que ninguna otra persona sufra esta injusticia.

