DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.- La movilidad urbana atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los operativos anunciados para frenar los incrementos ilegales en el pasaje evidenciaron una red de abusos sistemáticos entre permisionarios del transporte público, acompañada de una marcada falta de consecuencias. El resultado es una ciudad con menos unidades en circulación, cobros arbitrarios y una población cansada de pagar los costos de un conflicto que no provocó.
El caso más visible es el de la Línea 8 de Marzo, propiedad del diputado local Juan Tress Zilli, que suspendió totalmente su servicio tras los operativos de inspección. La decisión dejó a miles de usuarios sin transporte y exhibió una postura de abierta confrontación frente a la autoridad. Habitantes de las zonas afectadas señalan que la medida se utilizó como presión, castigando directamente a la ciudadanía.
Usuarios identifican a esta línea como una de las principales responsables de los cobros irregulares, práctica que, aseguran, se mantiene desde hace tiempo sin sanciones reales. La combinación de poder político y concesiones del transporte ha generado un ambiente de permisividad que agrava el problema.
En paralelo, los abusos continúan en otras rutas. Mario Olvera, representante de la línea “Los Verdes” (Transportes Urbanos y Suburbanos de Córdoba), encabeza un esquema en el que operadores cobran hasta 12 pesos por pasaje, superando la tarifa autorizada. Pasajeros denuncian que el cobro se realiza de manera abierta y sin temor a consecuencias. Estudiantes y trabajadores coinciden en que la práctica es cotidiana y nadie interviene para detenerla.
La falta de transporte se extiende a colonias como San Román, sus anexos y APA, donde vecinos reportan ausencia total de unidades durante amplios lapsos del día, obligándolos a caminar largas distancias o recurrir a opciones más costosas.
Uno de los mecanismos más señalados por los usuarios es que, cuando una unidad es reportada por cobros indebidos, se retira de circulación en lugar de sancionar al responsable. Esta práctica reduce aún más la oferta de transporte y empuja a los ciudadanos a aceptar tarifas infladas ante la necesidad de trasladarse. Ante este escenario, la exigencia ciudadana es clara: rendición de cuentas, sanciones efectivas y una solución estructural que garantice un servicio digno, legal y suficiente para la población.
