De la redacción
El Buen Tono

El proceso penal que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos avanza bajo estrictas medidas de control sobre las pruebas, luego de que el juez Alvin K. Hellerstein emitiera una orden de protección para impedir que información sensible del expediente sea divulgada durante el litigio.

La decisión representa un nuevo obstáculo para la defensa de Maduro, quien enfrenta en Estados Unidos un proceso penal relacionado con graves acusaciones y se ha declarado no culpable de los cargos en su contra.

El magistrado ordenó que la fiscalía entregue a los abogados defensores el material exculpatorio y de impugnación correspondiente, pero estableció restricciones para evitar que determinadas pruebas sean publicadas en internet, filtradas a medios de comunicación o utilizadas fuera de los límites establecidos por el tribunal.

Entre el material se encuentra información electrónica obtenida durante la investigación mediante órdenes judiciales. El expediente incluye datos procedentes de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos relacionados con Maduro y Cilia Flores.

El juez determinó que buena parte de este material tendrá la clasificación APO, es decir, “Sólo para Posesión de los Abogados”. Esto significa que los abogados y su personal podrán tener acceso a los archivos, mientras que los acusados no podrán conservarlos físicamente, salvo durante su revisión bajo supervisión de sus defensores.

La resolución también refleja la preocupación del tribunal por el posible impacto que la divulgación de las pruebas podría tener sobre la privacidad de personas involucradas, investigaciones relacionadas con individuos que todavía no han sido acusados y el desarrollo del propio proceso judicial.

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York. Desde entonces, el exgobernante venezolano enfrenta ante tribunales estadounidenses un proceso que podría prolongarse durante varios meses.

Aunque Maduro sostiene su inocencia y busca que el caso sea desestimado bajo el argumento de inmunidad soberana, la causa continúa avanzando y el tribunal mantiene bajo estrictas reglas el manejo de las evidencias.

El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.