Efraín Hernández
El Buen Tono
Amatlán.- La corrupción y holgazanería institucional que imperan en el ayuntamiento quedaron al descubierto tras la resolución de un juzgado federal que ordena al DIF municipal otorgar asistencia inmediata a un ciudadano en situación vulnerable, luego de que el organismo se negara sistemáticamente a hacerlo.
La jueza Margarita Morrison Pérez resolvió a favor de Froilán Méndez, originario de Potrero Viejo, quien interpuso un amparo ante la omisión del DIF encabezado hasta hace unos meses por Daniela Alfaro Canseco, esposa del alcalde Luis Arturo Figueroa Vargas.
El fallo representa un triunfo legal para una persona desatendida por las autoridades, y una sentencia moral contra quienes convirtieron los organismos asistenciales en herramientas políticas, lo que no debe ser.
Lejos de cumplir con su obligación de proteger a los grupos más necesitados, el DIF de Amatlán violó flagrantemente ese principio, al grado que tuvo que ser una jueza federal quien obligara a actuar a la administración municipal.
“¿Cómo pretende llegar a la presidencia una mujer a la que la justicia debe obligar a cumplir con lo básico?”, cuestionó Méndez.
La gravedad del caso aumenta si se considera que Alfaro ya había sido denunciada por estos hechos, lo que confirma un patrón de omisión, que también es corrupción, y desprecio por los débiles.
