Agencia
Michoacán, México.– Un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor del grupo musical Los Alegres del Barranco, permitiéndoles continuar con sus presentaciones públicas pese al decreto del Gobierno de Michoacán que prohíbe la difusión de narcocorridos y otros géneros que, según las autoridades, promueven la apología del delito.
La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán dentro del juicio de amparo 518/2025, promovido por la agrupación a través de su representante legal. En ella, el juez Sergio Santamaría Chamú consideró que el decreto vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al trabajo, ambos consagrados en la Constitución.
La demanda fue interpuesta contra varias autoridades estatales, entre ellas el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el secretario de Seguridad Pública, y el director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, señalados por su responsabilidad en la implementación del decreto.
El decreto, publicado en el Periódico Oficial, establece la prohibición explícita de géneros musicales como los “corridos tumbados”, “narcocorridos”, “corridos progresivos”, “bélicos” y “alterados”. Además, faculta a las dependencias estatales para realizar inspecciones en eventos, suspender actividades, clausurar espacios y aplicar multas de hasta 700 UMA.
Sin embargo, el juez argumentó que esta normativa constituye una forma de censura previa, práctica prohibida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su análisis, el juez concluyó que las restricciones impuestas no superan el test de proporcionalidad, ya que limitan de forma absoluta derechos sin demostrar que estas medidas sean necesarias o idóneas para proteger el interés público.
La suspensión provisional, basada en los principios de “apariencia del buen derecho” y “peligro en la demora”, impide temporalmente que el gobierno estatal realice inspecciones o sancione a Los Alegres del Barranco durante sus eventos públicos. La audiencia incidental para determinar si se mantiene o revoca la suspensión fue fijada para el 15 de mayo de 2025 a las 10:45 horas.
Ante esta resolución, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, anunció que presentarán una queja ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación. “Esta suspensión va contra el interés popular, porque quieren que siga haciéndose apología del delito”, declaró.
