Efraín Hernández
El Buen Tono
Amatlán de los Reyes, Ver.— La corrupción y negligencia institucional que imperan en el gobierno municipal de Amatlán quedaron al descubierto tras la resolución de un juzgado federal que ordena al DIF municipal brindar asistencia inmediata a un ciudadano en situación vulnerable, luego de que la dependencia se negara sistemáticamente a hacerlo.
La jueza Margarita Morrison Pérez resolvió a favor del ciudadano Froilán Méndez, originario de Potrero Viejo, quien interpuso un amparo ante la omisión del DIF encabezado hasta hace unos meses por Daniela Alfaro Canseco, esposa del alcalde Luis Arturo Figueroa Vargas y actual candidata a la presidencia municipal.
El fallo no solo representa un triunfo legal para una persona desatendida por las autoridades, sino también una sentencia moral contra quienes han convertido las instituciones asistenciales en herramientas políticas. Lejos de cumplir con su obligación de proteger a los grupos más necesitados, el DIF de Amatlán violó flagrantemente ese principio, al grado que tuvo que ser una jueza federal quien obligara a actuar a la administración municipal.
“¿Cómo pretende llegar a la presidencia una mujer a la que la justicia debe obligar a cumplir con lo básico?”, cuestionó Froilán Méndez. La gravedad del caso aumenta si se considera que Daniela Alfaro ya había sido denunciada por estos hechos, lo que confirma un patrón de omisión y desprecio por las causas sociales.
