AGENCIA
Nacional.- Una vez más, la justicia mexicana se pliega ante los intereses de los poderosos. La juez federal Rosa María Cervantes Mejía frenó de manera indefinida la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “El Capitán Sol”, señalado como pieza clave en la red de marinos que durante años habrían controlado el huachicol fiscal dentro de diversas aduanas del país.
Con una simple suspensión definitiva, la impartidora de justicia impidió que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara la orden de captura emitida el 19 de agosto por delitos de delincuencia organizada y tráfico ilegal de hidrocarburos.
El mensaje que deja la resolución es claro: mientras los responsables del saqueo a la nación gozan de privilegios judiciales, la justicia sigue siendo implacable solo con los que carecen de influencias o recursos.
La juez permitió que Solano Ruiz se presente voluntariamente a su audiencia inicial sin ser detenido, pese a los señalamientos que lo vinculan con una red de corrupción que habría movido millones de pesos en sobornos para facilitar el contrabando de combustible en los puertos de Altamira y Tampico.
La decisión resulta aún más insultante si se considera la mínima garantía impuesta: apenas 3 mil pesos para mantener vigente la suspensión, una cifra ridícula frente a los más de 52 millones que el acusado gastó en apuestas entre 2015 y 2023, según reportes financieros.
La FGR acusa que “El Capitán Sol” fungía como intermediario entre altos mandos navales, cobrando hasta un millón 750 mil pesos por cada embarcación de huachicol descargada ilegalmente. Pese a ello, el sistema judicial vuelve a dar un respiro a quien debería rendir cuentas ante la ley.
Mientras la juez Cervantes Mejía alega que su resolución no otorga inmunidad, en los hechos concede tiempo y libertad a un personaje señalado por saquear al país. Una vez más, la corrupción se viste de toga, y el combate al huachicol se topa con la muralla de los tribunales.
Con decisiones como esta, la justicia mexicana vuelve a perder credibilidad ante una ciudadanía cansada de ver cómo el poder judicial protege a los mismos de siempre, mientras los responsables del robo de hidrocarburos siguen disfrutando de su impunidad.
