De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La Fiscalía Cuarta Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas obstaculiza la reintegración familiar de una menor de 8 años con discapacidad, priorizando procedimientos administrativos sobre su bienestar integral.
La familia, encabezada por la abuela materna Minerva Isabel Arenas Cruz, originaria de La Perla, Veracruz, denunció un muro burocrático en la carpeta de investigación ORZ/DXV/FEMUJ/F4/1475/2025. A pesar de contar con dictámenes psicológicos y socioeconómicos favorables que avalan el retorno de la niña a su núcleo familiar, la institución mantiene a la menor en el albergue Casa Hogar Córdoba AC.
Mientras la familia clama por una resolución, la Fiscalía argumenta que la fiscal responsable se encuentra de vacaciones y que el caso no podrá atenderse hasta enero. Una justificación infundada, pues los afectados aseguran haber visto a la funcionaria en sus oficinas.
La situación es aún más urgente dado que la niña ha sido sometida recientemente a dos intervenciones quirúrgicas, necesitando un entorno familiar estable y afectivo para su recuperación. La permanencia en un albergue, por necesario que sea su rol, no sustituye el cuidado y la contención emocional que su familia está preparada y evaluada para brindarle.
¿La Fiscalía, creada para proteger a los más vulnerables, se ha convertido en un obstáculo para la justicia y el bienestar infantil? La ley establece el interés superior de la niñez como principio rector, no como una sugerencia optativa. Aquí, sin embargo, ese principio parece someterse ante la inercia administrativa, las ausencias laborales poco claras y una fría tramitología.
La familia de La Perla no pide un favor excepcional, exige el cumplimiento de un derecho. Cada día que la Fiscalía posterga una decisión ya respaldada por peritajes, no solo aleja a una niña de su hogar, sino que elimina la confianza en las instituciones diseñadas para protegerla. La burocracia, en este caso, parece tener más peso que el dictamen de los expertos y el llanto de una abuela.
El caso de Orizaba es un reflejo de una disfunción sistémica donde el procedimiento ahoga el propósito. La Fiscalía de Veracruz tiene la obligación de rectificar de inmediato, demostrando con hechos que la protección de la infancia está, siempre, por encima de cualquier trámite.
