De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Lejos de tratarse de hechos aislados o errores administrativos, los señalamientos contra Vania López González describen un mecanismo reiterado y estructurado de uso del presupuesto público como caja chica personal, mediante la contratación de medios inexistentes o afines, creados exclusivamente para justificar convenios de publicidad y desviar recursos.
2022: casi cinco millones en un sólo año
Documentación revisada y listados de convenios (aportados por un lector que solicitó anonimato) señalan que tan sólo en el año 2022, Vania López González habría canalizado alrededor de 4.9 millones de pesos a páginas sin audiencia real, sin impacto informativo comprobable y sin operación periodística visible.
El dato resulta aún más grave por la dispersión geográfica artificial de los supuestos “medios”: aparecen portales registrados en Ciudad del Carmen, Campeche; Pánuco, Veracruz; Martínez de la Torre, Veracruz, además de múltiples páginas con sede en Xalapa, desde donde se habría operado el torcimiento del presupuesto del Congreso del Estado.
El patrón se repite: páginas sin lectores, sin tráfico verificable y sin contenido relevante recibieron recursos públicos mientras los verdaderos medios locales enfrentaban exclusión o presión política. En varios casos, los convenios eran cobrados por prestanombres o personas del círculo cercano de la entonces coordinadora de Comunicación Social.
Así, más de cuatro millones y medio de pesos habrían sido desviados sólo en 2022, bajo el argumento de difusión institucional que nunca ocurrió.
Los convenios con estos medios irregulares no fueron hechos al azar. La operación se realizaba a través de asesores y operadores políticos cercanos, algunos de los cuales aparecen también como beneficiarios directos de contratos, incluso sin que existiera un medio identificado públicamente, operando múltiples páginas digitales desde el anonimato.
Estas mismas figuras acompañaron a Vania López desde su etapa en el Congreso del Estado y permanecen hoy dentro del entorno del ayuntamiento, lo que refuerza la hipótesis de continuidad operativa del esquema, no de su cancelación.
Este mecanismo ya había sido señalado previamente: convenios otorgados a medios creados ex profeso, facturación cruzada, dispersión territorial ficticia y control político de la narrativa.
En conjunto, los datos permiten dimensionar un posible desfalco acumulado de millones de pesos a lo largo de varios años.
No es una acusación menor: es la descripción de un modelo de saqueo donde la comunicación pública fue degradada a instrumento de enriquecimiento, propaganda y ataque político, financiado con dinero de todos.
