De la Redacción
El Buen Tono
FORTÍN.- En Fortín, usuarios del servicio de agua han denunciado una serie de irregularidades graves dentro del Comité de Agua y Saneamiento, solapadas directamente por el alcalde Gerardo Rosales Victoria y la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF). El organismo opera con descontrol financiero y administrativo, lo que ha permitido prácticas ilegales que van desde cobros no reportados hasta el uso particular de recursos públicos.
Uno de los casos más alarmantes es el relacionado con el suministro por medio de pipas. Aunque oficialmente la CASF no cobra por este servicio, operadores exigen entre 300 y 400 pesos por viaje, sin entregar comprobante alguno. Según testimonios de habitantes de las congregaciones de Monte Salas y Monte Blanco, así como de las colonias Santa Leticia, La Herradura y San Marcial, los recorridos de estas unidades son constantes, especialmente en la temporada de estiaje.
“Nos dicen que es una cooperación, pero cuando pedimos un recibo, nos responden que no manejan eso. Todo es en efectivo y se lo quedan ellos”, relató una vecina de Santa Leticia. De acuerdo con operadores que pidieron el anonimato por temor a represalias, hay quienes llegan a obtener hasta mil pesos diarios con estos cobros irregulares, mientras la comisión y su director Gervacio B. Quirazco, permiten que esto ocurra sin ningún tipo de control.
Otra práctica cuestionable es la celebración de convenios con deudores del servicio. Varios ciudadanos han señalado que, al acudir a regularizar su situación, les permiten realizar pagos en efectivo sin que se les entregue recibo o constancia oficial. “Fui a ponerme al corriente, hice el pago y me dijeron que ya con eso estaba todo, pero no me dieron ningún documento. Volví a preguntar días después y no había ningún registro de mi pago”, denunció un vecino de la unidad habitacional La Herradura.
Asimismo, los quejosos han reportado que al cubrir el costo regular del servicio de agua, en múltiples ocasiones no se les entrega el recibo correspondiente. Esto impide saber si el dinero realmente entra a las arcas de la CASF o si queda en manos de quienes administran el sistema.
A pesar de los múltiples señalamientos, la CASF no ha exigido transparencia ni ha emprendido acciones para frenar esos abusos. Por el contrario, ha mantenido una actitud pasiva, permitiendo que la oficina reguladora del agua funcione como un negocio privado para unos cuantos.
