AGENCIA
Internacional.- La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para revisar casos clave derivados de la compleja y tensa relación histórica entre Washington y La Habana, al examinar el alcance de una ley federal de 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar indemnizaciones por propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959.
Este lunes, los magistrados escucharán los argumentos de dos casos relacionados con la Ley Helms-Burton. Uno de ellos involucra a la petrolera ExxonMobil y el otro a varias líneas de cruceros internacionales: Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises.
El eje central de ambos litigios es el Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición que autoriza a presentar demandas en tribunales estadounidenses contra entidades que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el Estado cubano después del triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro. Aunque los casos plantean cuestiones jurídicas distintas, ambos buscan definir cuán amplio es el alcance que el Congreso pretendía otorgar a este mecanismo legal.
Los jueces del máximo tribunal nunca han interpretado directamente el Título III, el cual puede ser suspendido por el presidente de Estados Unidos si lo considera necesario para los intereses nacionales. Durante décadas, esta disposición permaneció inactiva debido a suspensiones presidenciales, hasta que Donald Trump la reactivó en 2019, lo que detonó alrededor de 40 demandas presentadas entre 2019 y 2020, muchas de las cuales avanzan lentamente en los tribunales.
La Ley Helms-Burton formalizó el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, vigente desde la década de 1960, y creó un recurso legal para ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades —fábricas, ingenios azucareros, refinerías y centrales eléctricas— fueron nacionalizadas por el gobierno cubano. El Título III permite incluso reclamar daños y perjuicios agravados contra empresas estatales cubanas y compañías multinacionales que utilicen esos bienes.
En el caso de Exxon, la empresa reclama más de mil millones de dólares en indemnización a la empresa estatal cubana CIMEX por activos petroleros y gasísticos confiscados en 1960. La petrolera busca que la Corte Suprema revoque un fallo de 2024 de un tribunal inferior, que determinó que las entidades estatales cubanas pueden invocar la inmunidad soberana extranjera como defensa frente a demandas bajo la Ley Helms-Burton.
En el segundo caso, Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución, reclama indemnizaciones a las cuatro líneas de cruceros por haber utilizado esas instalaciones entre 2016 y 2019. Un juez federal había condenado a las compañías a pagar 440 millones de dólares, pero un tribunal de apelación anuló esa decisión, subrayando las dificultades que enfrentan los demandantes bajo esta ley.
Expertos jurídicos señalan que las interpretaciones actuales de la Ley Helms-Burton han convertido estos procesos en litigios largos y costosos. No obstante, la Corte Suprema podría ahora sentar un precedente que defina si el Título III es una herramienta más poderosa para los reclamantes o si mantiene las barreras que hasta ahora han limitado su efectividad.
