La cúpula priista afila la guadaña para cercenarle, este lunes, la militancia al todavía gobernante veracruzano, Javier Duarte de Ochoa. A dos meses de que fue solicitada su expulsión por el consejero Armando Barajas Ruiz, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI sesionará hoy por la tarde, para retirar temporalmente los derechos como militante al cordobés, lo que conducirá a una expulsión definitiva. La acusación se basa en el artículo 227 del Código de Justicia Partidaria que castiga a los militantes que cometan faltas “de probidad y delitos en el ejercicio de las funciones públicas”.
Es decir, por cometer actos de corrupción en el ejercicio de la Administración Pública, Duarte de Ochoa sería el primer expulsado de la triada de Gobernantes Estatales, que está bajo la mira de su propio partido. Los otros dos que tienen peticiones para ser echados del cobijo partidista son; Roberto Borge, de Quintana Roo y Cesar Duarte de Chihuahua. El tema, por supuesto, es inédito porque si algo tiene el tricolor es que siempre ha protegido a los maloras y nunca le ha sido un problema ético la defensa de quienes incurren en latrocinios y cosas peores.
Pero como en política no se castiga el pecado sino el escándalo, esos tres gobernantes son una suerte de apestados para su partido y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Ellos rebasaron todo límite. Su voracidad fue tal que se convirtieron en verdaderos lastres para el tricolor y prueba de ello fue la derrota electoral en esas tres entidades -Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua- el pasado 5 de junio. La expulsión partidista viene aparejada, claro, con las investigaciones de tipo judicial por peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes legales, que podría llevarlos a prisión si es que hay la voluntad política de aplicar la Ley.
Sin embargo, en el tema del Gobernante veracruzano, su proceso de expulsión lleva a plantearse la pregunta de ¿cómo para qué? El cordobés nunca militó realmente en ese partido. Su labor antes de ser postulado a los dos únicos cargos de elección popular que tuvo –en el 2009 para Diputado Federal por el Distrito de Córdoba y en el 2010 para Gobernador- fue ser secretario particular del innombrable, lo que no lo hace ni adherente ni partidario ideológico.
En segundo lugar, ¿para qué quitarle la militancia del tricolor si no será postulado jamás a otro cargo de elección popular? Tampoco no se cree que los internos del penal de Pacho Viejo lo quieran postular como rey del carnaval que cada año realizan en dicha cárcel y si lo hicieran, tampoco necesita la militancia priista para aspirar a ese cargo. Es ocioso, pues, dejarlo sin militancia y más porque el pecado del PRI fue haberlo hecho candidato y después tolerarlo todo un sexenio. Esa mácula del partido no se borrará con excluirlo del padrón.
Lo que sí será interesante, es saber a cuántos de sus colaboradores, entre ellos diputados en funciones y legisladores electos, sean expulsados de partido. ¿Devolverán las curules, cediendo a sus suplentes el derecho de convertirse en “representantes populares”?
Fuera de eso, también es ocioso el retiro de la militancia partidista a esos allegados e incluso a sus familiares que también están bajo indagatoria judicial, pues ellos también ya tienen cancelado su futuro político.
Ninguno volverá a ser candidatos dignos de ser votados, nunca jamás. Por cierto, hay dos a los no les importa ser expulsados del PRI, porque ya están radicando en el extranjero y escondidos en bunkers para no ser localizados: Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, quienes hace tiempo se afiliaron al tricolor queriendo ser Diputados Locales.
DESFIDELIZAR’ AL PRI
Y la polémica sobre la inminente expulsión partidista subió de tono durante el fin de semana pues los Diputados Federales del tricolor publicaron un desplegado de reproche al dirigente nacional, Enrique Ochoa, acusándolo de excederse y ensañarse contra Duarte de Ochoa, y vaya, hasta le exigieron actuar de la misma forma contra los personajes de la oposición, también acusados de actos de corrupción. A esos legisladores nada más les falta rebuznar, pues piden que el PRI castigue a otros que no son militantes.
Pero el escándalo surgió, luego de que varios de los suscribientes se desligaron de la carta, señalando que sus firmas fueron usadas sin su consentimiento. A su vez, el Senador y excandidato a la gubernatura, Héctor Yunes, difundió que había amenazas y presiones hacia los legisladores para que rubricaran el desplegado contra el PRI Nacional. Además, en diferentes mensajes en las redes sociales apoyó el proceso de expulsión contra el gobernante veracruzano, al igual que veladamente lo hizo el otro senador priista, José Yunes Zorrilla.
Pero aún, el mismo dirigente nacional, Ochoa Reza, consideró esa carta como un intento de presionar para evitar el desafuero del veracruzano. En un mensaje en las redes sociales, afirmó que no se dejará amilanar e incluso deslizó la especie de que la información sobre una liquidación millonaria, que habría cobrado a su salida de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), forma parte de esas presiones por el caso Veracruz. Esto significa que el priismo nacional está enfrentado al priismo veracruzano, o más bien a esa ala priista que controla la fidelidad.
Lo anterior abona, sin duda, a la tensión, la cual traerá buenas cosas para los militantes aldeanos. Lo curioso fue el mensaje difundido ayer domingo por Duarte de Ochoa, en el que sostiene “lo más importante para el #PRI es mantener la unidad ante cualquier situación y yo no pretendo ser un factor de división”. ¿Cómo se puede interpretar esto? Algunos sostienen que podría él mismo renunciar voluntariamente a su militancia la mañana de hoy, anticipándose al castigo expulsivo que se aplicará por la tarde.
Otros, los menos optimistas, consideran que dicho mensaje en Twitter fue un reto abierto a la dirigencia nacional de su partido. Una advertencia velada sobre la división priista que sucederá si es expulsado. A excepción de los diputados fidelistas que firmaron el desplegado de apoyo –la mitad de ellos también involucrados en denuncias penales- ¿alguien cree que los priistas de la localidad estén decididos a romper con el altiplano, para defender a un gobernante que en dos meses dejará el poder y que podría terminar sus días en prisión?
Entonces, la controversia sobre la expulsión partidista del gobernante veracruzano tendrá hoy lunes uno de sus capítulos más esperados y sin duda, marcarán un hito en la historia del priismo en la Entidad. Y por supuesto, dejará más debilitado pero a la vez hay quienes estiman que será una especie de “purga”, porque la intención es “desfidelizar al PRI”, quitarse esa apestosa negrura, para después reconstruirlo con miras a los comicios del 2017 y el 2018.
En lo inmediato, es arruinarle a los partidos de oposición una de las banderas electorales más rentables que usarán en los comicios municipales del año entrante: los nexos entre los fidelistas y el partido. Con Duarte y muchos de los suyos fuera del PRI –y tal vez en la cárcel o por lo menos bajo proceso judicial- buscarán que los candidatos a las alcaldías, no sean recibidos a pedradas por la ciudadanía cuando hagan campaña y se evite el descalabro total en las urnas. ¿Podrán? ¿les dará tiempo?
IGLESIA Y NAZISMO
El otro tema que alimentó el morbo colectivo en los últimos días y tuvo en vilo a los desocupados, fue la polémica entre la Iglesia Católica con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, y la diversidad sexual por el proyecto para legalizar el matrimonio igualitario, así como las acusaciones contra el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, de mantener relaciones homosexuales, según revelación hecha el jueves de la semana pasada por la agrupación Frente Orgullo Nacional (FON).
Ayer domingo, los reporteros xalapeños hicieron guardia en la Catedral Metropolitana desde temprano, para esperar a Reyes Larios, quien oficia misa dominical, y cuestionarlo sobre tal señalamiento. “Es una raya más al tigre”, dijo además de anticipar que no presentará una denuncia por difamación como lo había adelantado su vocero, el chocamense Juan Manuel Suazo. Sin embargo, el arzobispo xalapeño señaló que quienes lo acusan de tener una preferencia distinta a la heterosexualidad, “acusan sin pruebas” y filosofando agregó: “lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega”.
Tal declaración fue tomada por sus detractores como un desafío para exhibir pruebas. Estos aseguran tener los testimonios de las presuntas parejas sexuales de por lo menos 38 sacerdotes y obispos católicos, y amagan con hacerlas del dominio público, jurando que darán los detalles de ese tema que hará recordar el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónalos, Señor!
Mientras tanto, el sábado en la Ciudad de México, se realizó la segunda gran marcha en defensa de la “familia natural” y contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, convocada por organizaciones católicas y ultraconservadoras. No hubo enfrentamientos con grupos antagónicos -pro-matrimonio igualitario- que también se manifestaron sobre la avenida Reforma. Ambos contingentes se dividieron la avenida, unos a espaldas y otros frente al Ángel de la Independencia, monumento usado para justificar sus exigencias.
Los defensores del matrimonio igualitario dijeron; la estatua alada es el símbolo de la libertad para que las personas decidan amar y vivir con quien gusten, en tanto que los religiosos aseguraron que representa al arcángel Miguel, dispuesto a castigar con su espada de fuego a los depravados que pretenden destruir la “Sagrada Familia”, compuesta de padre (San José), Madre (María) e hijo (Jesús).
Pero lo peligroso de la jornada sabatina de manifestaciones, fue la aparición de un grupo de neo-nazis que se sumó al contingente de feligreses católicos, al grito de “¡Patria y Familia!”. Cuidado, la intolerancia es la puerta al fascismo y el fascismo es sinónimo de exterminio: matar a quien es diferente. En México, el nazismo ya asomó el rostro, arropado entre la multitud de feligreses católicos.
