AGENCIA
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio por concluida la investigación relacionada con el ciberataque que sufrió Petróleos Mexicanos (Pemex) en noviembre de 2019, luego de que el Ministerio Público determinara el no ejercicio de la acción penal.
De acuerdo con información obtenida por El Universal mediante una solicitud de transparencia, Pemex presentó la denuncia el 10 de noviembre de 2019, misma que quedó registrada en la carpeta FED/SEIDO/UEIA-ARV-CDMX/000001338/2019. El 4 de abril de 2024 se emitió el acuerdo para no continuar con la acción penal, notificado cinco días después.
Pese al cierre de la indagatoria, la petrolera se negó a revelar quién habría realizado el ataque, desde qué país se originó, qué información o funciones fueron afectadas y si se efectuó algún pago para recuperar los datos o sistemas comprometidos.
Pemex argumentó que la carpeta continúa reservada con fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Según la respuesta de la empresa, el periodo de reserva de tres años comenzará a contar a partir de que la determinación quede firme, por lo que los detalles podrían conocerse hasta abril de 2027.
El ataque ocurrió el 10 de noviembre de 2019 y, en aquel momento, Pemex aseguró que sus sistemas de operación y producción no habían sido comprometidos. La empresa informó entonces que el incidente afectó a menos de 5 por ciento de sus equipos personales de cómputo y que los intentos de intrusión habían sido neutralizados.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la ciberseguridad de la petrolera, particularmente ante la falta de información pública sobre el origen, alcance y consecuencias de aquel ataque, así como sobre las medidas adoptadas para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.
El cierre de la investigación sobre el hackeo a Pemex, sin que se conozca quién estuvo detrás del ataque, cuál fue su verdadero alcance o qué información resultó comprometida, deja más preguntas que respuestas. Si una institución estratégica del país fue vulnerada, la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió y, sobre todo, qué medidas se tomaron para evitar que vuelva a suceder.
Dar por concluida una investigación mientras se mantienen bajo reserva los detalles de un ciberataque contra Pemex genera una preocupante sensación de opacidad. No se trata únicamente de un asunto tecnológico: está en juego la seguridad de una de las empresas más importantes del Estado. La falta de explicaciones claras impide evaluar si hubo responsables, negligencia o fallas que pudieran repetirse.
