AGENCIA
Ciudad de México.- El voto de Miguel Ángel Yunes Márquez fue decisivo para que Morena y sus aliados alcanzaran en septiembre de 2024 la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial. El senador panista votó a favor de la iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador, en una decisión que provocó una ruptura política con sectores de su propio partido.
Yunes Márquez defendió públicamente su decisión y aseguró ante el Senado que no actuaba por cobardía ni traición, sino porque consideraba necesario un cambio estructural en el sistema de justicia. La votación terminó con 86 votos a favor y 41 en contra.
El episodio cobró especial relevancia por el contexto político de la familia Yunes. Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y padre del senador, había mantenido durante años una posición confrontada con López Obrador y con Morena.
Después de aquella votación surgieron distintas versiones sobre posibles negociaciones políticas detrás del cambio de posición de Yunes Márquez. El propio López Obrador reconoció días después que Adán Augusto López Hernández, entonces coordinador de Morena en el Senado, pudo haber participado en conversaciones con integrantes de la familia Yunes, aunque negó que hubiera existido una negociación a cambio del voto.
Lo que sí está documentado es que el voto de Yunes Márquez permitió alcanzar los 86 sufragios necesarios para aprobar la reforma en el Senado. Posteriormente, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
A partir de entonces, la relación política de los Yunes con Morena cambió de manera significativa. El episodio también abrió una discusión sobre los acuerdos políticos que pueden ocurrir entre legisladores de distintas fuerzas y sobre las consecuencias que tienen cuando una decisión individual modifica el equilibrio necesario para aprobar una reforma constitucional.
Diversas versiones han atribuido el cambio de postura de los Yunes a negociaciones relacionadas con procesos judiciales y expedientes pendientes. Sin embargo, esas afirmaciones requieren distinguirse de los hechos comprobados: públicamente está acreditado el voto de Yunes Márquez y la existencia de conversaciones políticas, pero no existe en la información disponible una prueba concluyente que permita afirmar como hecho que ese voto haya sido intercambiado por beneficios judiciales.
El caso permanece como uno de los episodios políticos más relevantes de la aprobación de la reforma judicial de 2024, no sólo por el resultado de la votación, sino por el cambio de alineamientos que produjo dentro de la oposición.
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